El cambio climático y sus consecuencias han cambiado el paradigma económico mundial. Placas solares, aerogeneradores, la utilización de residuos... estas maneras de generar energía no son el futuro, sino que representan el presente. De hecho, en España se prevé que en este 2023 las renovables constituyan más del 50% de la generación de energía del país, algo que en 2022 no se pudo lograr (42,1% del total) debido en gran parte a la bajada de la energía hidráulica por la falta de lluvias. Esta energía generó un 39,7% menos que en 2021, lo que hizo descender el dato general de las renovables más de 4 puntos porcentuales respecto a 2021.
Sin embargo, en 2023 los datos apuntan hacia una potenciación de la transición verde en nuestro país. A falta de conocer los datos definitivos, entre enero y octubre las renovables han producido el 49,12% de la electricidad nacional según Red Eléctrica, sin tener en cuenta los dos últimos meses del año, que acostumbran a ser buenos por un despegue en la energía eólica, la renovable más importante.
Pero estos datos no deben servir para una relajación en las medidas, sino para saber si se va en una buena dirección o no. Porque los objetivos europeos son aún más ambiciosos de lo que actualmente España ha conseguido: reducir las emisiones de CO2 en un 55% en el 2030 y ser neutral en carbono en 2050.
El cambio climático, cosa de todos
Aun así, estas cifras serán insuficientes si el mundo entero no actúa. Países como China y Estados Unidos, los más contaminantes a día de hoy, deben estar implicados en el proceso, porque el cambio climático es global. De ahí que cada vez más empresas de todo el mundo están más concienciadas ante una situación límite, ya que el calentamiento global puede llegar a ser irreversible. Es por ello que en sectores como el energético, las empresas están dispuestas a aportar prácticamente una cuarta parte de su presupuesto (24%) para el desarrollo y la potenciación de energías neutras en emisiones, según la encuesta que ha lanzado Bain & Company.
En cambio, en el informe, los expertos han resaltado la confianza que demuestran los directivos de empresas de sectores no renovables, como los dedicados al petróleo y al gas natural. Estas organizaciones son las que están en la primera línea de la transición energética y, por ende, buscan adaptarse a los cambios, aunque ello conlleve ralentizar el proceso. Según la encuesta, solo el 4% de los pertenecientes a estos sectores prevé que su producción vaya a menos, a diferencia del 8% que lo pensaba el año anterior.
Un optimismo que se ha reforzado como consecuencia de la alta dependencia que aún tienen los países a los combustibles fósiles, y que se ha visto reflejada con la guerra entre Rusia y Ucrania. La crisis energética, fruto de las sanciones al gas ruso para evitar financiar al régimen de Vladimir Putin, ha hecho que Europa ponga el foco en el autoabastecimiento energético mediante las renovables. Este objetivo no consiste en eliminar al 100% los combustibles fósiles del sistema, pero sí diversificar más la producción para tratar de ser independiente de otros países.
Inversión pública necesaria
Ante este reto, los directivos encuestados por Bain sugieren que es necesario contar con fondos públicos para incentivar la inversión en el corto y medio plazo. La Unión Europea, conocedora de la situación, decidió actuar para favorecer la recuperación económica en la pandemia mediante los Next Generation, pero ese dinero también debía tener funciones transformadoras, como la digitalización y el fomento de las energías verdes.
En España, el pasado diciembre se aprobó el PERTE de descarbonización industrial, proyecto que prevé una inversión total de hasta 11.800 millones de euros. Unas cifras que se antojan escasas ante los 385.000 millones necesarios para cumplir con los requisitos de reducción de emisiones, según un informe de la consultora Deloitte. La beneficiaria, en todo caso, será la industria manufacturera española, responsable del 30% del consumo de gas natural en España (del 59% si se excluye la generación de electricidad), por lo que, para la exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (se aprobó con ella aún en el cargo), supone "un avance hacia la protección del medio ambiente y la economía circular".
