Diez años han pasado ya desde que los terremotos de la costa de Castellón provocaran el cierre del polémico almacén de gas Castor. En todo este tiempo, ni el Gobierno del PP, ni el de PSOE-Podemos han sido capaces de dar los permisos necesarios para iniciar su desmantelamiento definitivo.
La instalación ha experimentado desde el año 2008 en el que se otorgó la concesión a ACS y la canadiense Escal un cúmulo de despropósitos que se inició con el sobrecoste para su construcción (de 500 a 1.500 millones de euros) y que siguió con el cerca de medio millar de terremotos y ahora con los riesgos existentes para la seguridad por el uso de unos tapones provisionales para sus 13 pozos que se encuentran caducados desde hace ya casi tres años.
El Consejo de Ministros encargó a Enagás Transporte el sellado y abandono definitivo de los pozos del Castor el 31 de octubre de 2019. La compañía presentó en tiempo y forma el proyecto al Gobierno el 7 de julio de 2021 -cuando ya habían caducado los tapones- pero desde entonces no ha logrado conseguir la declaración de impacto ambiental necesaria.
Los tapones para sellar de forma temporal esta instalación se instalaron en abril de 2016. Al no tratarse de un abandono definitivo, se instalaron unos modelos cuya vida útil se estimaba en el sector entre dos y cuatro años. Es decir, que desde abril de 2020 ya suponían una potencial situación de riesgo.
Según se recoge en el documento presentado por Enagás al Ministerio, la intención de la compañía era haber finalizado toda la primera fase de desmantelamiento a mediados del pasado mes de diciembre pero lo cierto es que ni siquiera ha podido comenzar -por la falta de permisos- una operación que tendría una duración de alrededor de ocho meses.
El proyecto de desmantelamiento cuenta con tres fases: la movilización de equipos y personal, el programa de sellado y abandono definitivo y la restauración del fondo marino. Con todas ellas se lograría cerrar definitivamente los ocho pozos de operación, los 4 de monitorización y uno para la reinyección de agua.
Según Enagás, el coste de este proyecto supondría un desembolso de 69 millones de euros. El presupuesto está basado en un programa de ejecución de 201 días. Si durante el programa de despresurización y monitorización de presiones se observasen incrementos de presión significativos será necesario actualizar los esquemas de abandono de los pozos afectados, siendo muy probablemente necesaria la realización de trabajos de remediación en el pozo.
Como consecuencia de estos posibles trabajos de remediación de pozos se produce un incremento en la duración de los trabajos que lleva implícito un aumento del presupuesto de ejecución. Se ha estimado que en el caso de que haya que realizar trabajos de remediación en el 50% de los pozos, el presupuesto de ejecución ascendería a la cantidad de 76,9 millones.
