Madrid
El Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (Miteco) ha dictado una orden para crear una unidad de medidas antifraude con el objetivo de controlar los proyectos que se financien con fondos europeos, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE).
El Miteco ha elaborado, a través de su Subsecretaría, un plan de medidas antifraude. Su propósito es "definir las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los importantes fines para los que están asignados", según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aplicación de este plan antifraude prevé la creación de una unidad, que se reunirá trimestralmente, para coordinar las medidas de prevención, detección, corrección y persecución previstas.
La unidad de medidas antifraude tendrá naturaleza de órgano colegiado. Además, su creación y funcionamiento serán atendidos con los "medios personales, técnicos y presupuestarios del órgano al que se encuentra adscrito", según recoge el BOE. De este modo, en ningún caso conllevará un incremento del gasto público.
Un requisito de Bruselas
España se convirtió en noviembre en el primer país de la Unión Europea en solicitar el tercer pago de los fondos Next Generation, dotado de 6.000 millones de euros, al que están asociados 29 hitos y objetivos. Este desembolso depende del cumplimiento de ciertos compromisos "adicionales", como la creación de equipos de auditoría para los fondos Next Generation.
Se trata de unas unidades de control de la financiación de Bruselas, que en principio debían implementarse en el seno del Ministerio de Hacienda. El objetivo de este requisito es mejorar la información de los beneficiarios de los fondos.
Otro de los requerimientos fijados por la Comisión Europea para recibir los fondos fue el de mejorar la recopilación de datos de los beneficiarios de empresas extranjeras que no tienen poderes notariales en España. Una demanda que pone el foco tanto en contratos ya cerrados como en futuros contratos que se establezcan con el Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria.
