Bruselas
En menos de una hora los ministros de Energía de la Unión Europea han puesto el sello de aprobación al reglamento de medidas de emergencia para mitigar las consecuencias de la escalada de precios de la luz. Son tres: una reducción del consumo eléctrico del 10% de media; un impuesto a los beneficios de las empresas de hidrocarburos del 33% y un tope de 180 euros al mW/h generado por energías inframarginales.
La Comisión Europea presentó su propuesta hace dos semanas y, desde entonces, los gobiernos la han negociado para llegar hoy a un acuerdo rápido. Las líneas básicas no han cambiado, pero sí que se ha dado más flexibilidad para incluir todas las sensibilidades nacionales y, sobre todo, para que las medidas que algunos gobiernos ya habían impulsado no se vieran canceladas.
Este es el caso de España, a quién este reglamento solo afecta por el capítulo de la reducción del consumo. El resto, según insisten fuentes del ministerio de Energía, continuará sin cambios, pues el Gobierno puede mantener tanto su proyecto de impuesto a los beneficios caídos del cielo como su tope a las inframarginales por encima a los 67 euros.
Además, España y Portugal pueden seguir aplicando su mecanismo ibérico, que incluso está en debate para ser extendido al conjunto de la Unión. En definitiva, según fuentes diplomáticas, el Gobierno de Sánchez se lleva una "victoria moral" en esta negociación.
Un límite a los beneficios de las inframarginales
Con el acuerdo, se limitan los ingresos del mercado para los generadores de electricidad que utilizan las denominadas tecnologías inframarginales (renovables, nuclear y lignito) en 180 euros/MWh. Para España, este es un tope demasiado alto, pero los países pueden escoger topes inferiores o superiores y también en función de la tecnología concreta.
La medida incluye no solo los generadores de electricidad, sino también los intermediarios. Además, se introduce también una excepción para que en los casos que la dependencia neta de las importaciones de un Estado miembro sea igual o superior al 100 % se pueda acordar compartir ingresos excedentes con el estado miembro exportador.
Un impuesto a las empresas de hidrocarburos
En segundo lugar, está la llamada "contribución solidaria", una tasa temporal y obligatoria sobre los beneficios de las empresas de petróleo crudo, el gas natural, el carbón y las refinerías. El impuesto se calcularía sobre los beneficios imponibles, según lo determinado por las normas fiscales nacionales en el ejercicio fiscal que comienza en 2022 y/o en 2023, que superan un aumento del 20 % de los beneficios imponibles anuales medios desde 2018.
España puede mantener su impuesto aunque esté diseñado sobre la facturación y no sobre los beneficios.
Una reducción del consumo eléctrico del 10%
Por último, los países podrán escoger qué medidas tomar para alcanzar el 10% de media y del 5% en las horas pico y se mantiene la "ambición de que el objetivo sea vinculante", pero el 10% es voluntario. El 5% de reducción en horas pico sí que es obligatorio.
Sin embargo, serán las autoridades nacionales quiénes identificarán el 10 % de sus horas punta entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023 durante las cuales reducirán la demanda.
Por último, los gobiernos europeos también han acordado la posibilidad que los gobiernos fijen un precio temporal para el suministro de electricidad de las Pyme. Este precio excepcional puede ser inferior al coste.
El tope al precio del gas
Pero la reunión de ministros de Energía continua con el tema más polémico encima de la mesa: el tope al precio del gas. Los ministros debaten divididos sobre la cuestión. Son quince los países que exigen poner un límite a todas las importaciones de gas, incluido España. Sin embargo, ni la Comisión ni otros como Alemania o los nórdicos están de acuerdo y prefieren optar por un tope solo al gas ruso o incluso ninguno.
