Valladolid
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha puesto de manifiesto ante la Junta de Castilla y León su preocupación por el Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, en lo referido a instalaciones fotovoltaicas.
La organización empresarial ha expresado que, concretamente, su inquietud se refiere a los proyectos iniciados con aval depositado que podrían ser cancelados con la aplicación de esta normativa, por lo que exige que ésta no tenga efectos retroactivos sobre aquellas iniciativas que contaran con la constitución de garantía económica antes de la publicación del decreto ley. Castilla y León veta los parques solares en el regadío
Por otro lado, y en lo referido a la construcción de estas instalaciones, FAE defiende que la norma debería corregirse en lo que se refiere a su distancia de 500 metros de suelo urbano, considerando que esta distancia debe medirse desde el terreno específico donde esté ubicada la propia instalación y no desde el límite de la parcela, la cual muy a menudo es de mayor extensión.
En el mismo sentido, la Confederación considera que deberían exceptuarse de cumplir esta distancia aquellas instalaciones fotovoltaicas instaladas junto a polígonos industriales, ya que precisamente se ejecutan para dar suministro a las empresas allí ubicadas.
