Valladolid
Las organizaciones agrarias Asaja y Coag consideran positiva la decisión de la Junta de Castilla y León adelantada por elEconomista.es de prohibir los macrohuertos eólicos o foltovoltaicos en zonas de regadío aunque advierten de que "es insuficiente" y "llega demasiado tarde".
Para José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja Castilla y León, la regulación aprobada el pasado jueves por el Consejo de Gobierno, que impide la instalación de parques fotovoltaicos o eólicos en zonas en las que se hayan realizado inversiones públicas de creación o mejora de regadíos, "es una mínima parte de lo que las organizaciones agrarias hemos pedido. Lo único que protege con claridad es la agricultura de regadío y nosotros pedimos que proteja los terrenos agrícolas, que es una cosa distinta. El regadío es una parte importante pero es lo que es. Es un pequeño avance pero no estamos satisfechos".
En este sentido, señala que "por ejemplo no se protegen los terrenos donde se han hecho infraestructuras de concentración parcelaria. No tiene sentido qué la administración haga una actuación y que se gaste una millonada reorganizando la propiedad, haciendo caminos, desagües, etcétera para que luego te lo pongan todo de placas".
El dirigente agrario añade también que "nosotros también hacíamos mucho hincapié en las líneas de evacuación y pedíamos que fueran siempre subterráneas. La nueva normativa, que no es fruto de ningún consenso, dice que lo serán con carácter general pero no lo impone y deja que las empresas hagan lo que más les convenga".
Fuera de los criterios puramente agrarios, Turrado critica que se establezca una distancia mínima de estas plantas respecto de los núcleos urbanos de solo 500 metros. "En mi opinión, que me pongan un macroparque fotovoltaico al lado del núcleo urbano me parece una aberración si lo que quieres es que el turismo rural en ese pueblo tenga atractivo. Yo los mandaría a cinco kilómetros".
"Lógico"
Por su parte, el coordinador regional de Coag, Lorenzo Rivera, considera que la prohibición es "lo lógico, lo que se debería haber aplicado desde hace tiempo y llega quizás tarde. Es lo que hemos pedido todas las organizaciones agrarias siempre porque no tiene sentido que habiendo el espacio que hay en Castilla y León se tengan que ocupar superficies de labor, productivas, y menos aún en regadíos que han supuesto una inversión pública y en las que los propios agricultores han hecho inversiones bastante fuerte de dinero y que se les pudiera expropiar si no se llegaba a un acuerdo".
Rivera concluye que "lo que pedíamos es que no se utilizasen nunca estas tierras agrícolas para estas instalaciones y que se les exigiese los mismos requisitos que a nosotros cuando queremos hacer una instalación ganadera a la hora de guardar unas distancias, respetar las normas urbanísticas de esas poblaciones y que los fondos de inversión no ocupasen esos espacios sin ningún tipo de cortapisa". Reconoce que hay gente dispuesta a arrendar sus tierras para las renovables "pero hay que respetar también a otras personas que quieren proteger la actividad de la que han vivido. Si no se regula los que estamos creando son conflictos en los pueblos".
