Madrid
Ence vuelve a ver beneficios en el segundo trimestre de 2021 gracias a los altos precios de la celulosa y la eficiencia y buen desempeño operativo de las plantas de la compañía. Así lo revelan los resultados publicados por la compañía a cierre de sesión del mercado en la jornada de ayer.
En estos meses, la compañía registra un beneficio neto ordinario de 12 millones de euros, frente a las pérdidas valoradas en 13 millones que contabilizó en el mismo periodo del año anterior. El resultado operativo consolidado de Ence antes de coberturas alcanza los 56 millones de euros entre los meses de abril y julio. Es decir, logra duplicar la cifra obtenida en el mismo periodo de 2020.
En el negocio de Celulosa el resultado operativo alcanza los 42 millones de euros, lo que multiplica por 5 el del ejercicio pasado. Asimismo, la producción de celulosa aumenta un 4% interanual. Por otro lado, en el negocio de Energía Renovable el resultado operativo alcanza los 14 millones de euros (más de un 31% excluyendo la planta termosolar vendida en diciembre).
Ence cuenta con una cartera de 513 megavatios (MW) de proyectos de biomasa y fotovoltaicos, con acceso a red y localizaciones aseguradas, que se prevé que empezarán a construirse progresivamente a partir del año que viene.
Impacto de Pontevedra
La fabricante de celulosa mantiene un balance saneado con una deuda neta de 43 millones de euros en su negocio de celulosa, de 133 millones en el de energía renovable y con más de 380 millones de caja disponible en balance, después de haber amortizado anticipadamente préstamos por importe de 95 millones de euros en la primera mitad del año.
Después de que el pasado mes de julio la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimase los recursos presentados por Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó otorgar una prórroga de 60 años (hasta 2073) para la biofábrica de Ence, la sociedad ha registrado en sus cuentas el impacto de un eventual cierre de su fábrica de celulosa de Pontevedra por importe de 196 millones de euros. Cabe señalar que la normativa contable no permite provisionar los costes del futuro ERE de extinción de los trabajadores de la planta de Pontevedra y de parte de la estructura corporativa del grupo.
La compañía presentó ayer mismo los correspondientes recursos de casación ante el Tribunal Supremo, y advierte que "agotará todas las vías jurídicas en defensa de la legalidad de la prórroga de esta concesión, de cuya actividad dependen 5.100 empleos directos e indirectos". Sin embargo, en caso de que se viera finalmente obligada al cierre de esta fábrica de Pontevedra, la empresa tendría que hacer frente a un desembolso de 48 millones de euros y del coste del ERE, no provisionado. Además, y en cumplimiento de la normativa contable, la compañía ha registrado un deterioro del valor de los activos vinculados a la biofábrica por un importe neto de 148 millones, que no supondrá una salida de caja.
