El Gobierno ha decidido resucitar el déficit de tarifa del gas con una medida que provocará un delicado salto atrás en el proceso de liberalización y del que pueden salir perjudicadas las economías familiares con menor poder adquisitivo a medio plazo.
La fuerte subida del gas natural -alrededor de un 300% a nivel internacional- se disponía a abrirle un nuevo frente al Ejecutivo justo antes de la llegada del invierno. Por ese motivo, y ante la presión de unas encuestas que a excepción del CIS muestran caídas para el PSOE, el Consejo de Ministros decidió intervenir el precio de la tarifa regulada hasta marzo de 2022. La medida consistirá en que el cliente pagará una subida del 4,4% en lugar del 28% que correspondería este trimestre y otra subida similar en enero, pero la diferencia se acumulará para pagarla posteriormente y con un tipo de interés del 1,1%.
La propuesta supone un perjuicio para las pequeñas comercializadoras de gas que tenían clientes domésticos en el mercado libre, ya que ahora cuentan con un incentivo económico para volver al mercado regulado y esquivar las subidas que se iban a producir para trasladar el coste de la materia prima y con un argumento menos de venta para sus comerciales.
De producirse estos cambios, la deuda que se acumulará en el sistema puede ser mayor de la prevista, pero además, en un segundo estadio pueden acabar dejando el pago de estas cantidades a los clientes con menor poder adquisitivo.
Cuando el precio del gas vuelva a la normalidad, algo que el Gobierno estima que suceda en el segundo semestre de 2022, los clientes del mercado regulado seguirán teniendo la potestad de cambiar, de nuevo, al mercado libre y, por lo tanto, no hacer frente a las cantidades que se han dejado de pagar en este momento. Esa situación puede provocar mayores subidas para los que se quedan en el regulado y que, generalmente, son aquellos con menor poder adquisitivo.
La medida además puede incluso dar otra vuelta de tuerca, ya que cualquier cliente que electrifique parte de su suministro (cocina de gas por vitrocerámica) dejaría de pagar también esta cantidad o al menos una parte de la misma en función de su consumo.
A toda esta casuística se le puede sumar otro factor clave. Si entra en vigor el fondo de sostenibilidad y los precios de la electricidad registran una fuerte bajada antes de acabar el año como quiere el Gobierno, el incentivo a electrificar los consumos será mayor y, de nuevo, todos aquellos con menor capacidad para asumir estos gastos tendrán que cargar con los sobrecoses del consumo acumulado.
Mercado libre
Según los datos de la CNMC, el número de clientes suministrados a precio libre es de 6.412.454 (aumentando en 15.652 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 80,23% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.579.821 (disminuyendo en 3.550 clientes con respecto a diciembre de 2020), lo que representa el 19,77% del total de clientes y una cifra muy similar a la que se estima de pobreza energética en España.
Por empresas, el que tiene mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso es Naturgy, con un 32,8% de sus clientes. En el resto, el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es inferior: 15,03% en el caso de Endesa, el 6,41% en el caso de Total y 4,33% en el caso de Iberdrola (ver gráfico).
Nuevo recibo del gas
La medida del Gobierno además coincidirá con el cambio de tarifa previsto para este mes de octubre en la factura del gas.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia aprobó en junio pasado un nuevo sistema de tarifas para los nueve millones de usuarios cuyos peajes bajarán un 7,6% de media. Para los consumidores de un mayor tamaño (ciclos combinados y grandes industrias que operan en el sector químico, papel y construcción) la rebaja podría rondar el 3%.
Por contra, los consumidores de tamaño intermedio (que representan el 0,3% de los suministros y el 8% del consumo total) sufrían con el cambio un aumento de su recibo entre el 7,2% y el 14,6%, pero el organismo regulador ha decidido laminar estos incrementos para poder suavizar el impacto y que se traslade de forma gradual a los mismos. Ahora estos clientes están contra las cuerdas por la subida también de la materia prima.
Las cifras de la CNMC se realizaron sobre un precio del gas de 20 euros, pero el precio ahora ronda los 65-70 euros con lo que las bajadas quedan eliminadas en todos los casos.
Por este motivo, no resulta extraño que ayer la patronal del gas Sedigas pidiera al Gobierno medidas similares a las adoptadas en el sector eléctrico con los impuestos y se beneficiase también de la rebaja fiscal, tanto del IVA, como del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), garantizando así un tratamiento justo y equilibrado respecto del otorgado a la electricidad. La asociación considera que el Ministerio no ha proporcionado la información mínima necesaria para valorar adecuadamente el mecanismo de atenuación inmediato del incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso (TUR) y cómo se verá recuperado en las futuras revisiones trimestrales a partir del segundo trimestre de 2022.
