Alcoa abre las puertas a iniciar un proceso de venta de la planta de San Ciprián a partir de 2022. La compañía ha planteado hoy a la ministra de Industria la firma de un acuerdo con su departamento, así como con la Xunta de Galicia y los sindicatos antes del próximo 15 de septiembre.
En dicho acuerdo, Alcoa se compromete a mantener las operaciones de la planta y no iniciar el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Alcoa antes de esa fecha.
Dentro del plazo de un año, las partes debnerían abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado.
Como ha señalado Alcoa, la planta de aluminio no es viable debido al marco energético poco competitivo de España. Alcoa paga actualmente un precio medio anual final de unos 90 Euros por MWh, lo que supone más del triple de lo que paga en cualquier otra planta de aluminio del mundo.
Los problemas energéticos ocasionan pérdidas de alrededor de 1 millón de dólares por semana en la planta de aluminio, esto incluso con un entorno de mejores precios del aluminio.
Alcoa, además, se comprometerá a realizar un nuevo proceso de venta directa con potenciales compradores - tras la confirmación expresa de su solvencia a través de instrumentos del Estado, conforme ofreció la Ministra. Este proceso de venta, sin embargo, solo se llevaría a cabo una vez que esté garantizado el suministro de energía competitiva a largo plazo.
La compañía estadounidense propone trabajar hasta el 31 de julio de 2022, en un entorno de paz social, en dos vías paralelas para garantizar un precio final de energía competitivo para la planta y sus potenciales compradores:
El primero sería trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, Xunta de Galicia y uno o más suministradores de energía, con el objetivo de poner a disposición de la planta de San Ciprián un suministro competitivo de energía a partir del 1 de enero de 2023.
El segundo implicaría trabajar conjuntamente con el Gobierno y la Xunta de Galicia, con el objetivo de establecer un marco regulatorio que permita, en combinación con el punto anterior, garantizar un precio final competitivo para la planta a partir del 1 de enero de 2023.
La propuesta de Alcoa evita riesgos potenciales, tanto para los trabajadores como para la Compañía, asociados a vender una planta que no es competitiva.
La venta previa de las plantas de Avilés y La Coruña, que fue respaldada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores, generó numerosos problemas a raíz de que el comprador vendió las plantas a un tercero sin el conocimiento o consentimiento de Alcoa, lo que ha acabado derivando en el proceso de intervención judicial.
Alcoa asegura que tiene el compromiso de llegar a una solución que atienda las preocupaciones de todas las partes y, con el fin de lograr ese resultado.
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