Repsol se prepara para endurecer su defensa en el llamado caso Villarejo y se plantea presentar sendas denuncias contra el Ministerio del Interior y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, tal y como se desprende del comunicado de la petrolera enviado ayer a la CNMV.
En dicho documento, Repsol explica que se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular.
De este modo, la empresa lanza una advertencia clara, ya que la Dirección General de la Policía realizó un informe, tal y como ya indicó este diario, en el que corroboraba la compatibilidad del comisario con su actividad privada y en ningun caso durante todos los años en los que estuvo en funcionamiento la compañía se adoptaron medidas contra el excomisario.
Asimismo, esta misma semana, tal y como adelantó elEconomista, la Tesorería de la Seguridad Social confirmó el funcionamiento normal de Cenyt que contaba con una estructura laboral estable, una sede social en la madrileña Torre Picasso con sus gastos corrientes y cerraba así la petición de diligencias que había realizado el expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
La petrolera, además, asegura que en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, asegura que adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.
Repsol añade además en su comunicado, tal y como ya indicó ayer este diario, que la decisión del Juzgado Central número 6 ha sido adoptada sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la compañía, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.
En su sesión del pasado 21 de abril, el Consejo de Administración de Repsol, tras las correspondientes reuniones monográficas de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos, y de los Consejeros Independientes, confirmó que no se apreciaba evidencia alguna de conductas contrarias al Código de Ética y Conducta de la compañía ni de conducta ilícita por ningún consejero, directivo o empleado, actual o pasado, de Repsol.
La condición de investigada en la instrucción judicial, además, no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad.
Asimismo, la Asociación de Accionistas Minoritarios (Aemec) aseguró ayer que es de vital importancia en situaciones como la aquí presente, en las que existen legítimos intereses de terceros afectados como los accionistas, que se extreme la diligencia judicial y se alcance con prontitud una resolución en relación a los hechos investigados.
Entretanto, asegura esta asociación, consideramos que tanto las personas físicas afectadas, como las propias personas jurídicas, gozan del derecho constitucional de presunción de inocencia, por lo que debe estarse especialmente atento a cualquier intento espurio de terceros para aprovechar la situación como una oportunidad de obtención de ventajas competitivas, o sin más, de causación de un daño reputacional a la compañía, con las oportunas consecuencias negativas para sus accionistas.
Aemec además reiteró su confianza en los procedimientos y políticas corporativas de estas compañías.
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