El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al excomisario José Villarejo que tendría como objetivo investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de la petrolera.
El magistrado atiende así la petición formulada ayer por la Fiscalía Anticorrupción. En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se les imputa un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos, y les requiere que designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Tras esa primera cita, el 26 de julio a las 10.00 de la mañana tomará declaración a ambos representantes de las compañías.
En opinión del titular del juzgado, existen dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de Villarejo en un momento en el que éste aún era funcionario público. De hecho, aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt, empresa del excomisario, nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
Para el juez, resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo -y que ya se encuentran investigados en la causa- habían formado parte de la Policía.
El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y el presidente de Repsol ya fueron imputados a mediados de abril
Así, añade, aunque ambos no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías contrataron sus servicios.
Esta falta de diligencia debida, concluye García Castellón, hace necesario que las dos cotizadas expliquen en sede judicial "por qué pudo producirse esta situación".
El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya fueron imputados a mediados de abril por estos hechos, después de que el magistrado entendiera que "probablemente" en alguna de las conversaciones que ambos mantuvieron en esa época "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses".
En su interrogatorio, ambos reconocieron haber acordado investigar el movimiento de la constructora y Pemex sobre Repsol por el "peligro" que suponía, si bien rechazaron que en aquel momento conocieran que el excomisario se iba a hacer cargo de esos servicios.
Repsol colaborará
Repsol ha reiterado su disposición a colaborar "sin restricción" con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos en el marco de la pieza separada número 21 del 'caso Tándem' y ha dejado claro que la condición de investigada en la instrucción judicial "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".
Repsol lamenta que el auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la compañía, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.
Así, en el ejercicio de su derecho de defensa, a resulta de las diligencias probatorias ya practicadas -incluyendo las declaraciones de investigados y testigos relevantes como la directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos-, Repsol afirma que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, "puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo".
