El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, vuelve a la carga contra las eléctricas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030 y en ella se vuelve a incluir la reforma del mercado mayorista de la electricidad como una de sus prioridades.
Según se desprende del documento "se deberán abordar los cambios normativos necesarios para la reforma del mercado eléctrico, poniendo fin a la sobre retribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías, cuyo efecto sobre los altos costes de la electricidad en España merece una atención prioritaria".
PSOE y Podemos incluyeron ya en su pacto de Gobierno un acuerdo para atacar estos presuntos beneficios caídos del cielo de las compañías por tecnologías como la nuclear y la hidráulica. Irónicamente este pasado año las centrales nucleares han asegurado que llevan en pérdidas ya varios años y tras el paso de Filomena, la gran producción eólica ha supuesto que incluso algunas de estas centrales tuvieran que rebajar su producción para dar entrada a la eólica.
En plena crisis de Filomena este pasado mes de enero, la vicepresidenta Teresa Ribera ya anunció que se podía hacer uso de "mecanismos colchón" para paliar la subida del precio, pero desde entonces su departamento no ha vuelto a hacer ninguna referencia a esta opción.
Curiosamente, fue el propio Gobierno -que ahora incluye esta medida en su estrategia- el que durante el temporal reconoció en sede parlamentaria los problemas que suponía cambiar la regulación del mercado mayorista eléctrico, ya que gran parte de la normativa es europea.
Las eléctricas, por su parte, han indicado en reiteradas ocasiones que los reglamentos europeos defienden el actual sistema. De hecho, este pasado mes de febrero el coste de la electricidad ha registrado un fuerte retroceso con una caída de más del 50% que ha compensado ya notablemente la subida experimentada en enero.
Por otro lado, el documento presentado por Iglesias se refiere también a la Ley de Vivienda que tantas tiranteces está suscitando entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita. La Estrategia de Desarrollo Sostenible incluye el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler. En sí -explican fuentes gubernamentales a eE- su valor por ahora es meramente informativo.
En una parte de este documento se insiste en que la futura Ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a declarar zonas de "mercado tensionado", donde se hayan producido "subidas abusivas" y "a regular los precios del alquiler".
Para zanjar polémicas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que cualquier documento que se aprueba en el Consejo de Ministros "es compartido por todos los miembros que forman parte de este órgano".
En este sentido, Montero explicó que el debate, en estos momentos, está en "sobre cómo y de qué manera" se regulan los alquileres en las zonas más tensionadas, "velando por la seguridad jurídica".
