Luis Aires, presidente de la Asociación española de Operadores Petrolíferos y de BP explica cómo puede afectar a las petroleras el fondo que propone el Gobierno para quitar del recibo eléctrico el coste de las renovables.
¿Qué les parece el fondo que propone el Gobierno?
Hemos estado trabajando desde que salió el 16 de diciembre el proyecto de Ley hasta este lunes que presentamos nuestras alegaciones para entender el contenido del fondo y desarrollar propuestas que pensamos que tienen sentido.
Somos un sector que cree mucho en que el esfuerzo para la descarbonización lo tenemos que hacer todos: el sector eléctrico, el gasista y también nosotros.
Creemos que tiene sentido que el coste de la descarbonización lo asumamos cada uno con las decisiones de inversión que tenemos que tomar. Hay sectores más avanzados como el de la generación eléctrica y otros como el de la movilidad donde es más complicado pero en el que estamos haciendo esfuerzos y los que, sin duda, habrá que hacer en el futuro.
Todas las empresas del sector, en mayor o menor grado, hemos anunciado nuestros objetivos de descarbonización para convertirnos en compañías de emisiones netas cero. Dicho lo cual reconocemos que en España tenemos un problema sobrevenido. Hace unos años se hicieron una serie de inversiones en el desarrollo de renovables cuando todavía no eran maduras, ni competitivas.
Hay agentes económicos que decidieron realizar esas inversiones al amparo de una determinada política energética y de eso resulta una de las facturas eléctricas más caras de Europa con 7.000 millones por el coste de estas primas a la generación. A veces oigo comentarios de que eso no tiene nada que ver con la generación. Si no hubiésemos invertido como país en esas tecnologías no podríamos hoy producir esa energía. Eso forma parte del coste. Es un coste fijo, no variable pero es un coste que España tiene que afrontar.
"Cuando se creo el Fondo de eficiencia energética hemos sufrido las consecuencias del fraude por mafias a nivel europeo que vienen a España"
¿Y qué puede hacer el Gobierno?
Tiene todo el sentido del mundo que el Gobierno se plantee qué hacer con ese coste. Lo más ortodoxo sería que cada sector afronte sus costes de inversión, igual que lo estamos haciendo el resto. Y hay también otra posibilidad al tratarse de un coste sobrevenido y único en Europa. Al ser enorme podría tener sentido plantearse socializar ese coste en una base ciudadana mayor. Entendemos que pueda producirse esa reflexión y nos parece que es bueno que se produzca pero ante esa situación, ¿qué alternativas tenemos? A mi me gustaría ahora que se ha puesto de moda el Comité de expertos -que parece que se había olvidado y el anteproyecto de Ley lo ha resucitado- ya hablaba de este tema y lo que ellos recomendaban era que se socializara ese extra coste de decisiones de política energética del pasado entre todos los españoles contra los Presupuestos Generales del Estado. Y pensamos que si la reflexión es abrir esos costes del pasado entre más consumidores, lo lógico sería que fuera a los Presupuestos.
¿Cómo podría hacerse?
Se puede hacer con varios mecanismos. Uno sería quitar los costes de la tarifa y el estado lo paga a las eléctricas o a los fondos de inversión o el IVA sobre la electricidad. En el año 2019, el IVA alcanzó los 6.500 millones de euros. Una reducción del IVA eléctrico del 21 al 10% ahorraría en la factura 3.200 millones de euros que es exactamente el importe que la propuesta del Anteproyecto de Ley está pensando pasar del sector eléctrico a otros sectores. Conseguiría el mismo objetivo y podría quitar de la factura eléctrica 3.200 millones que no pagarían los ciudadanos. Las eléctricas y los fondos continuarían recaudando esas primas y como habría una menor recaudación por el IVA sería equivalente a financiarlo con los Presupuestos.
Hay fórmulas que se podrían considerar para intentar conseguir consensos para socializar esos costes del pasado que están lastrando el presente y posiblemente algunos años más hacia el futuro.
Si no hubiese un consenso parlamentario para que esos costes vayan contra los Presupuestos por el entorno económico actual y se pensase que la mejor manera de cubrirlos no fuese a partir de todos los ciudadanos sino solo de los que consumen energía, que es la base que está proponiendo el anteproyecto, lo que propondríamos como sector es lo que recomendaba el Comité de expertos. Primero a los Presupuestos y si no hay consenso que se cree una figura impositiva para cubrir esos costes. En lugar de la creación de un fondo abogaríamos por la creación de una figura tributaria que tiene muchísimas ventajas sobre el fondo. Por un lado, es un desincentivo al fraude. Cuando se creo el Fondo de eficiencia energética hemos sufrido las consecuencias del fraude por mafias a nivel europeo que vienen a España, crean operadores que se dedican a vender y que no tienen la intención de pagar el fondo. Ahora estamos hablando de una cantidad que puede ser de hasta veinte veces el importe del fondo de eficiencia, es decir, la atracción para que haya fraude va a ser muchísimo mayor.
¿Y qué harían?
Estamos pensando en los impuestos especiales que están muy controlados sobre los hidrocarburos y la electricidad. Se podría poner un tramo para cubrir esta financiación.
Uno de los debates que existen es que parece que esto lo vayan a pagar los agentes energéticos pero son costes adicionales muy elevados que de una manera u otra va a acabar pagando el consumidor. Así le damos total transparencia y reduciría el coste administrativo. Tener que estar haciendo aportaciones al fondo, cálculos supone un coste extra para las empresas y para la administración.
Los impuestos especiales están muy controlados desde el punto de vista administrativo. Damos información en tiempo real por las inversiones que se han hecho para desarrollarlos. Es decir, hay toda una normativa alrededor y nos da una garantía de que se pueden hacer las cosas mucho mejor por esta vía que no por las contribuciones al fondo.
¿Al sector gasista se les podría aplicar ese impuesto especial?
Debería afectar también al gas y crearse un tributo de esta naturaleza también para el gas, efectivamente. Si se hace con una figura impositiva pensamos que es la mejor manera.
"A priori quiénes se van a beneficiar más de reducir el coste de la electricidad son los consumidores que más utilizan"
¿El aumento de precios temen que acabe afectando a las ventas?
No afectaría a las exportaciones pero todo depende de la elasticidad de la demanda de productos petrolíferos frente a los cambios de precios. Hay muchos estudios al respecto. No nos preocupa tanto el nivel de impuestos que pueda haber sobre los productos petrolíferos sino la transparencia. Al final, el consumidor tendrá que determinar qué es lo que consume. Si consume productos petrolíferos o cambia.
Otro cálculo que puede ser interesante es el siguiente. Si dividimos los 3.200 millones que pasarían del sector eléctrico a otros sectores, por el número de hogares que hay en España estamos hablando de 200 euros por hogar de menor coste de la factura eléctrica y mayor coste de otros consumos.
Esto es pasar un coste de un bolsillo a otro, pero posiblemente no es pasar del bolsillo izquierdo al derecho de la misma persona. Aquí puede que haya ganadores y perdedores. De hecho, una de las peticiones que hacemos en nuestras alegaciones es un estudio de impacto para asegurarnos de que este tipo de medidas no son regresivas. A priori quiénes se van a beneficiar más de reducir el coste de la electricidad son los consumidores que más utilizan. ¿Quiénes son? La gente que puede tener un coche eléctrico. El que tenga dos residencias porque el término fijo le va a bajar. O el que tenga muchos electrodomésticos van a ver reducciones altas en sus costes energéticos.
¿Quién va a ver un incremento?
Aquellas personas que para calentarse dependen de la bombona de butano o que para hacer la comida o calentarse usan el gas o los que no tienen acceso al gas, no pueden permitirse una bomba de calor y están utilizando una caldera de gasoil en una zona rural. Es importante hacer un análisis del estudio de impacto porque podría no ser progresivo sino regresivo.
¿Es suficiente incentivo esos 200 euros para que la gente haga un cambio de sus suministros?
Probablemente, no. Por eso para nosotros es importante separar lo que es resolver un problema del pasado que entendemos que existe y que busquemos distintas alternativas para solucionarlo, de lo que es fijarnos en el futuro para ir dando las señales adecuadas para que las transición energética se produzca de una manera coste-eficiente.
Si creo que hay algo que hemos aprendido de la experiencia es que las subvenciones, las primas, el pagar por tecnologías que no son competitivas -cueste lo que cueste más además un beneficio- no es la mejor manera desde el punto de vista de la eficiencia de costes para desarrollar tecnología. Al final es barra libre. ¿Qué incentivo tengo en ser eficiente? Si me van a pagar la inversión y me van a garantizar con el BOE un beneficio. No tengo ningún incentivo. Esa es una de las grandes lecciones aprendidas. De ahí que cuando pensamos en los siguientes pasos para la descarbonización y se vaya invirtiendo en tecnologías más limpias y los consumidores vayan utilizando fuentes más limpias, lo que pensamos que hace falta realmente es esa reforma para que el coste del CO2 sea un transparente y que cuando cada persona vaya a consumir pague no solo por esa energía sino por el coste de ese CO2 asociado a las emisiones. Eso se puede hacer por mecanismos fiscales.
Estamos abogando por una reforma fiscal integral que quite completamente toda la fiscalidad histórica alrededor de la energía y la sustituya por una que tenga en cuenta esos costes del CO2, como decía el comité de expertos. Eso es lo que va a dar las señales de precio adecuadas para que los inversores entremos en distintas tecnologías y compitan entre sí y para que esa transición energética sea coste eficiente de tal manera que garanticemos la neutralidad tecnológica poniendo un coste al CO2 de todas las tecnologías. Ese es el tipo de medidas que pensamos que tiene más sentido, más que decir vamos a hacer que el coste de los productos petrolíferos sea algo más caro y bajamos el de la la electricidad.
En un extremo podemos hacer lo que hizo Venezuela en su momento: como tenía mucho petróleo lo daba casi gratis -podríamos dar casi gratis la electricidad- y pasamos todo el coste de la generación eléctrica a otras fuentes de energía. Estas cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacer las reformas bien. Quitando todos los impuestos y recalculándolos para que permitan al estado recaudar lo mismo pero repartir esa carga en función de las emisiones de CO2. Ese es el camino al futuro.
"Si repartimos el coste que vendría a los hidrocarburos por los volúmenes esperados en los próximos cinco años, el coste estaría sobre los 7 céntimos por litro"
Bruselas prepara una reforma fiscal para alinear los objetivos climáticos con la fiscalidad.
El fondo está desalineado con la UE. Esta figura que no existe en otros países nos va a desalinear de esa reforma fiscal.
¿Por qué?
Un fondo es una contribución patrimonial de naturaleza no tributaria.
¿Y conforme se reduzca el uso de los carburantes aumentará la presión al consumidor?
No hemos hecho el cálculo de niveles de penetración futuros y cómo la reducción de los combustibles tradicionales se van a ir reduciendo y el coste unitario incrementándose en el tiempo. El estudio que hemos hecho ha sido el siguiente si repartimos el coste que vendría a los hidrocarburos por los volúmenes esperados en los próximos cinco años, el coste estaría sobre los 7 céntimos por litro antes de considerar las compensaciones. Si las metemos sale 8 céntimos por litro.
El fondo permitirá compensar costes indirectos de determinados sectores como el taxi. Un taxista podrá ir al fondo todos los años con su factura de combustibles y reclamar que se le devuelva el extra coste hasta 5.000 litros al año. Para un camión de 7,5 toneladas hasta 50.000 litros. Todos acudirán a pedir una devolución con lo cual el fondo de alguna manera nos indica que solo podemos devolver el dinero que antes hayamos cargado y te está incitando a que pases ese coste al consumidor pero como al final va a recuperarlo, los consumidores no sujetos a compensación al final van a tener que pagar más. No salen esos 8 céntimos y eso sin tener en cuenta la sustitución de carburantes tradicionales por biocombustibles.
¿Habría que añadirle luego los impuestos?
Sí. Si le añades el IVA estaríamos hablando de 10 céntimos por litro.
¿Cómo van los cambios que habían pedido para la Ley de Cambio Climático?
En la Ley de Cambio climático ya hemos hecho nuestro trabajo. Presentamos propuestas de enmiendas para los artículos 11 y 12 que pretendían que los combustibles líquidos con bajo contenido en carbono, como por ejemplo, los sintéticos puedan tener también un espacio en cuanto al desarrollo tecnológico. Hicimos toda la labor y estamos esperando ver el resultado final en la tramitación parlamentaria. Será una cuestión de semanas.
