La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tuvo que salir ayer al paso de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, para tranquilizar a los inversores internacionales. En apenas unas semanas se celebrará en España la próxima subasta de energías renovables y la presión que está realizando Podemos con la nacionalización de una empresa eléctrica no son los mensajes que suelen esperar los inversores ante de apostar por invertir en un país. De hecho, la inseguridad jurídica suele ser motivo generalmente para lo contrario.
España cuenta además ya con una fama dudosa entre los inversores por el recorte que realizó a las renovables y, prueba de ello, es que pese a los intentos del departamento de Ribera ofreciendo una mayor retribución a los que desistieran de los pleitos, la mayor parte de los arbitrajes siguen pendientes de resolución en el Banco Mundial y nuestro país cuenta ya con algunas condenas considerables.
Ribera ha aprovechado el foro Spain Investor Day para asegurar que el Gobierno no lanzará ninguna eléctrica pública para intervenir el mercado, ni realizará ninguna expropiación, como ya reconocían los propios ministros de Podemos que se escudaban en su falta de mayoría para no cumplir con las promesas electorales que realizaron y además lo ha hecho después de que la presentara el propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, la eléctrica a la que ha apuntado la formación morada en un vídeo sobre los motivos de la subida eléctrica.
A lo largo de los inviernos pasados tanto al PSOE como a Podemos se les calentó el Twitter al acusar de la subida de la tarifa eléctrica al Gobierno del PP, pero ni entonces ni ahora la responsabilidad es del Ejecutivo, al igual que tampoco lo es la bajada experimentada en el mercado los dos últimos ejercicios.
Los precios del petróleo, la hidraulicidad o la cantidad de sol y viento que se produce influyen más en el precio de la luz que las reformas energéticas que se han llevado a cabo en los últimos años.
Otra cosa es si se cambia la regulación del mercado, pero no se olvide que cambiaría también la forma de ofertar, un extremo que la propia ministra reconoce que es complicado por las normas comunes de los mercados eléctricos así como por la integración que tienen para tratar de acercar los precios en todos los países.
