Iberdrola y México mantienen un tira y afloja por la central de ciclo combinado de Tuxpan. El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, acaba de asegurar que no tiene conocimiento de que la eléctrica española haya decidido abandonar la construcción de esta planta, valorada en más de 1.000 millones de euros. De hecho, indica el mandatario, ha recibido una carta de la eléctrica en la que se reitera su intención de realizar inversiones en el país y se le solicita incluso una entrevista. Además, según el dirigente se podría alcanzar un acuerdo en los próximos quince días.
Pese al cruce de declaraciones, la Comisión Federal de Electricidad había anunciado su decisión de relicitar la construcción de la central de ciclo combinado de Tuxpan tras una conversación hecha pública en su cuenta de Twitter del Gobernador del estado de Veracruz, Cuitláuhac García.
El dirigente aseguró que había mantenido conversaciones con la responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Rocío Nahle, para evitar la pérdida de inversión y de empleos que se produciría en la zona.
La decisión de la eléctrica española se producía enmedio de un choque con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que había lanzado duros ataques contra la compañía en los últimos días acusándola de ser casi un monopolio en el país.
La eléctrica, por contra, había anunciado previamente su intención de invertir 6.000 millones en renovables en el país.
La Ministra de Exteriores española, Arancha González- Laya, recordó ayer en presencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, la prioridad que Iberoamérica representa para nuestra política exterior. "Destaco el firme compromiso de las empresas españolas con la región", un extremo que "ha sido demostrado una vez más de forma muy especial durante los difíciles momentos que atravesamos como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, y en datos como los 150.000 millones de euros de inversión directa española en la región (30% de la inversión española en el exterior), los 160 millones de euros de inversión social, o las 360.000 personas empleadas por las empresas que han colaborado en la elaboración del Informe", entre ellas Iberdrola, Santander y Telefónica.
