Empresas y finanzas

El juez dice que la RFEF creó la cláusula antifraude ad hoc para expulsar a Mediapro

  • Rubiales pidió un informe sobre los sobornos de la productora en EEUU
El Barcelona y el Valencia se enfrentan el 25 de mayo en la final de la Copa del Rey

La venta de los derechos de la final de la Copa del Rey esconde una maniobra de la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para, presuntamente, expulsar a Mediapro de todos sus contratos.

El juez Moises Guillamón, que ha obligado a la Federación a repetir de urgencia el concurso para retransmitir el evento deportivo, ha señalado que la cláusula antifraude incluida en los pliegos es "discriminatoria con los pujantes por resultar dirigida a la exclusión de Mediapro". "Del análisis de la cláusula se desprende una posición de dominio de la RFEF y un abuso flagrante de dicha posición consistente en incluir una cláusula que directamente excluye a un pujante", señala el juez.

"La cláusula es discriminatoria con los pujantes por resultar dirigida a la exclusión de Mediapro"

Y es que, según recoge el auto de medidas cautelares, la cúpula de Federación, presidida por Luis Rubiales, elaboró un informe sobre Mediapro por "los hechos relativos a los sobornos en EEUU", cuya conclusión recomendaba "no contratar" con la productora y que, posteriormente, se decidió novar o cambiar la cláusula incluyendo una serie de supuesto que afectaban directamente a la productora catalana y excluyendo otros que podrían dejan fuera a otros pujantes.

En este punto, el juez señala que "no consta" que la RFEF haya realizado informes de otras empresas con las que ha contratado, como por ejemplo Globalia, que gestiona los viajes de la Federación desde febrero a través de Halcón Viajes y en 2017 fue condenada a pagar 22,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por fraude en las subvenciones otorgadas por Fomento en los billetes de residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

"No consta" que la RFEF haya realizado informes de otras empresas con las que ha contratado

En cuanto a la novación de la cláusula, el magistrado del juzgado de lo Mercantil nº 12, señala que la RFEF ha decidido extender el ámbito subjetivo a las sociedades del grupo y el objetivo a los delitos en el extranjero y reconocimiento de responsabilidad, lo que encaja a la perfección con los hechos de Mediapro en EEUU, mientras que se omitió la inclusión de los delitos contra la Hacienda Pública, que podrían haber afectado a otros pujantes. Una omisión que, según el juez, ha sido "deliberada".

"Es contraproducente que en marco de la transparencia que alegan manifiesten que se excluyen Delitos Contra la Hacienda Pública (delito tipificado en el Código Penal con pena de prisión) solo por existir discrepancias y controversias al respecto, y se incluyan delitos que puedan ser cometidos por otras sociedades de un grupo fuera del territorio español (sin sanción penal en España en principio), e incluso en el marco de reconocimiento de responsabilidad penal, cuando además previamente se había solicitado un Informe sobre Mediapro", apunta el juez en el auto de medidas cautelares.

A su vez, el magistrado afea la conducta de la Federación de realizar el concurso con tanta premura habiendo cambiado las condiciones, lo que supone indefensión, y también que haya tardado tanto en recibir el auto y presentar los escritos.

Pese a las reticencias de la Federación, que también tiene pendiente de licitar la gestión técnica del VAR, el sobre de la oferta de Mediapro se ha abierto esta tarde, lo que no asegura el fin del conflicto.

¿Otro conflicto?

La oferta de la productora es menor a la que llevó a RTVE a hacerse con los derechos de la final. La cuestión es que esta propuesta es una segunda oferta mejorada que presentó la televisión pública a petición de la RFEF porque la primera no llegaba al mínimo. La Federación también solicitó una segunda propuesta a Mediaset y Atresmedia. El caso es que Mediapro exige que se le permita mejorar su oferta, como a todos. Como el auto ordena que el proceso se retrotraiga al momento anterior a la expulsión de la productora (10 de mayo), la Federación debería tomar en consideración las primeras ofertas de todos los grupos (sin mejorar) y podría decidir adjudicar sobre las mismas, lo que estaría por debajo del precio mínimo exigido, o pedir mejoras a todos.

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