La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 18 años de prisión y una multa de 10,25 millones de euros a Jenaro García, fundador y ex presidente de Gowex, por delitos de falsedad de documento mercantil, fraude de inversiones, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante para la cotización de los títulos de la compañía.
En las diligencias previas del Ministerio Fiscal también se solicitan penas similares para dos de los consejeros de la empresa: María Florencia Maté, de 18 años y de Francisco Martínez Marugán, de 17 años y seis meses. Mientras que Ignacio Navarro, socio de diversas sociedades del grupo, pide un año y 10 meses de prisión. A todos los anteriores, la fiscalía también reclama indemnizaciones conjuntas y solidarias por importe de 22,40 millones de euros. En el caso de Jenaro García, concurre el atenuante de confesión y reparación parcial o disminución del daño ocasionado. De hecho, el primer ejecutivo de la sociedad ya indicó en una entrevista con elEconomista.es su voluntad de resarcir a todos los inversores afectados. Lo mismo sucede con María Florencia Maté, que manifiesta su intención de reparar el perjuicio causado.
Entre las entidades perjudicadas por el escándalo de la empresa del WiFi compartido se encuentran el Banco Santander, que en las diligencias de la fiscalía deberá recibir una indemnización de 9,4 millones, así como Bankinter (3,8 millones), Banca March (7 millones) y TTI Finance Sarl (2 millones). Además, también recibirán compensaciones los inversores que hayan adquirido acciones en cualquier mercado secundario, en el importe equivalente a la diferencia entre el valor nominal de los títulos y de la adquisición, incluidos los gastos relacionados.
Entre otras acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción señala la creación de una estructura de negocio para Let's Gowex y Gowex Wireless "basada en aparentar la bondad y credibilidad del proyecto empresarial, sustentado en una cifra de negocio que no respondía a la realidad". Para todo lo anterior, los acusados "simularon la existencia de un flujo de operaciones comerciales inexistentes mediante la elaboración de contratos y contabilización de facturas ficticias que no obedecían a prestaciones de servicio o recepción y entrega de mercancías, ni a finalidad comercial alguna".
En su empeño, los acusados –añade la Fiscalía- "se sirvieron y dispusieron de diversas sociedades que, como hemos dicho, carecían de cualquier fin mercantil y de negocio así como de realidad económica, cuya representación social, administración y dirección recayó sobre las personas que carecían de la preparación adecuada y, en cualquier caso, de control efectivo sobre la organización y gestión de las mismas", como es el caso de María Florencia Maté. En las diligencias se deja constancia que la "ficción creada sobre la realidad económica y solvencia empresarial del grupo Gowex, que se mostraba principalmente a través de sus cuentas, determinó la confianza de las entidades financieras para facilitar el crédito que solicitaban las empresas de grupo", como fue el caso del Santander, Bankinter, Banca March, Deutsche Bank y Caixabank. Lo mismo le sucedió al propio Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que concedió a Gowex Wireless un préstamo de 1,2 millones para popularizar el WiFi en la provincia de Cádiz.
El escándalo de Gowex estalló en el verano de 2014, pocos días después de que un informe de la firma de análisis Gotham City Research ponía de relieve las graves irregularidades de la gestión y en las que se advertía de que el valor de los títulos de la compañía era de cero euros, al tiempo que la practica totalidad de sus ventas eran ficticias.
