Ence construirá una nueva fábrica de celulosa fuera de España, posiblemente en Sudamérica, si finalmente tiene que cerrar su planta de Pontevedra porque los tribunales anulen la prórroga de 60 años que obtuvo en 2016. Además, reclamará responsabilidad patrimonial al Estado y las responsabilidades personales que procedan.
Ence ha celebrado hoy su Junta de Accionistas en Madrid, con el posible cierre de la biofábrica de Pontevedra sobrevolando todo el encuentro y empañando el balance de la compañía durante 2018, "el mejor ejercicio de la historia", en palabras de su consejero delegado, Ignacio de Colmenares.
Los nubarrones sobre la planta de celulosa, la población, y buena parte del sector forestal gallego, se derivan de la decisión del Estado de retirarse -allanamiento en jerga jurídica- en los tres pleitos presentados en la Audiencia Nacional contra la prórroga de 60 años que el Gobierno le otorgó en 2016. Hasta el pasado 6 de marzo, la Abogacía del Estado y la empresa trabajaban alienadas, "con pleno alineamiento de intereses y argumentos jurídicos", en palabras de José Antonio Molina, secretario del Consejo de Ence.
De Colmenares, preguntado por un accionista sobre sus planes en el caso de que finalmente los tribunales fallaran en contra de los intereses de la empresa y tuviera que cerrar la instalación, ha declarado que "Invertiremos con criterio puramente económico; yo no creo que invirtamos en Galicia; invertiremos fuera de España, en un país que nos dé seguridad jurídica".
El ejecutivo explicó que "La madera de Galicia no es la más barata que hay; es más barata en Sudamérica. La mano de obra de Galicia no es la más barata que hay; está mucho más barata en otros países del mundo".
Escenario principal: quedarse en Galicia
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, De Colmenares indicó que el escenario principal de la empresa es mantener sus instalaciones en Galicia: "Lo que contemplamos es quedarnos ahí". Estimó que hay seis años de lucha en los tribunales "Y puede darse el caso de que perdamos en la Audiencia, perdamos en el Supremo, perdamos en el Constitucional, en Europa... Y haya una nueva Ley de costas que nos permita pedir otra prórroga, más pequeña".
Sin embargo, se ratificó en llevarse las inversiones fuera: "Una fábrica de celulosa cuesta muchos millones de euros; nos iríamos a un país que nos ofreciera seguridad jurídica, con madera barata y competitiva, y mano de obra barata y competitiva, como cualquier inversión".
De momento, la empresa va a trasladar todas las inversiones previstas en ampliar la producción de la planta de Pontevedra a Navia (Asturias), excepto los 50 millones ya comprometidos y las inversiones de mantenimiento que sean necesarias. En total, esta última biofábrica ampliará su capacidad en 300.000 toneladas. La inversión prevista por la empresa en el negocio de celulosa hasta 2023 supera los 600 millones de euros.
Responsabilidad patrimonial
El Consejo de Ence ha autorizado al consejero delegado y al secretario del Consejo "para que se defienda hasta las últimas instancias el interés de la Sociedad, de sus accionistas trabajadores y proveedores, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños y perjuicios causados, y las responsabilidades que procedan", indicó Molina, al explicar a los accionistas la situación jurídica de la planta de Pontevedra.
Molina explicó que ha presentado varios escritos a la Audiencia Nacional en los que pide que se le conceda presentar alegaciones al allanamiento del Abogado del Estado -el tribunal ha accedido-; que se declare el allanamiento contrario al ordenamiento jurídico y lo inadmita o lo desestime; que los procedimientos continúen hasta la sentencia, al objeto de que la empresa pueda defender la legalidad de la Resolución de la prórroga, como hasta ahora.
Molina indicó que la Audiencia aún no ha resuelto sobre el allanamiento y, a preguntas de un accionista, apuntó que la situación futura de la instalación es incierta: no está claro si se tiene que aplicar la duración de la concesión original, hasta 2033, o si habría vencido en 2018, aplicando la vigente Ley de costas.
El secretario del Consejo explicó que "tenemos la esperanza de que el Tribunal nos dé la razón porque no hay forma de determinar a dónde se va". El Estado ha pedido directamente la anulación de la concesión, sin solicitar plazos, y "por eso hemos intentado que retiraran el escrito", aunque, en principio los plazos de la Ley de costas podrían ser perfectamente válidos.
