
La Audiencia Nacional ordena al Gobierno que vuelva a licitar las obras de regeneración de la Bahía de Portmán (Murcia), que adjudicó en abril de 2016 a una UTE formada por Marco y Ciomar por 32,1 millones de euros, al detectar errores en el proceso.
La Bahía de Portmán sufrió uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo: estaba colmatada por 48 millones de metros cúbicos de residuos mineros -70 hectáreas en superficie, 1.500 hectáreas bajo el mar- vertidos sin control entre 1957 y 1992. Se hizo mundialmente conocida cuando Greenpeace taponó las instalaciones de la mina Peyarroya en 1986.
Entre 2011 y 2014 se diseñaron varios proyectos de rehabilitación por unos 80 millones de euros, que se rebajaron a 60 millones ante la posibilidad de que la iniciativa privada lo rentabilizara al explotar comercialmente los residuos, en su mayoría metales pesados, evitando con ello un coste para el erario público.
Acciona y la alemana Aria lo intentaron, pero el hundimiento de los precios de las materias primas -y la quiebra de Aria- dio al traste con el proyecto: únicamente podrían interesar en China y el coste de transportarlos hasta allí lo hacía inviable.
Finalmente, se decidió acometer la rehabilitación de la Bahía con fondos públicos y en 2015 se otorgó el proyecto a la citada UTE de Acciona por 33,4 millones, tras una reñida competición con otra UTE formada por Marco y Ciomar.
Esta última, no obstante, recurrió la adjudicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y ganó, logrando la adjudicación en 2016 por 32,1 millones. Las obras comenzaron un el verano de ese mismo año, pero los problemas técnicos, por la falta de medios, son constantes.
Acciona recurre y gana
Acciona, no obstante, recurrió a su vez a la Audiencia Nacional el fallo del TACRC, que ha fallado parcialmente a su favor. La sentencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, estima que el entonces Ministerio de Agricultura otorgó puntos a los ganadores a cuenta de un proyecto de explotación minera de los residuos que finalmente no presentaron, por falta de viabilidad económica, y obliga al actual Ministerio para la Transición Ecológica a revisar la adjudicación.
Ayer se reunió en el Ministerio la Comisión de seguimiento para la recuperación de la Bahía de Portmán, encabezada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el delegado del Gobierno en Murcia, y representantes de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de La Unión -en el que se ubica la Bahía- y de la sociedad civil.
La Comisión estudió la sentencia de la Audiencia y alguna posible mejora al proyecto, pero no tomó ninguna decisión al respecto, más allá de emplazarse a un nuevo encuentro que no tiene fecha. Se esperaba que se paralizaran las obras.
La UTE de Marco y Ciomar tienen un mes para recurrir el fallo de la Audiencia en el Tribunal Supremo.