El Consell de Garanties Estatutàries, la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalitat, se ha posicionado en contra del decreto-ley que obliga a precontratar los servicios de una VTC con 15 minutos de antelación y que ha llevado a Uber y Cabify a abandonar Barcelona.
Así, ha asegurado que la limitación temporal de 15 minutos y la disposición transitoria que habilita a los Ayuntamientos a elevar el plazo de precontratación son "inconstitucionales", ya que atentan contra la libertad de empresa.
"El establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio de transporte de viajeros mediante vehículos de alquiler con conductor, vulnera el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española dado que constituye una restricción no razonable del mismo, según los principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad", recoge el dictamen del consejo consultivo publicado.
"Vulnera el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española dado que constituye una restricción no razonable"
En este punto, el Consell insiste en que la medida de los 15 minutos, que tacha de restrictiva, carece de "suficiente justificación por parte del legislador en cuanto a su adecuación y necesidad respecto de los fines que dice perseguir".
Los fines que persigue, según el preámbulo del decreto-ley es proteger el derechos de los consumidores que "deben poder tener identificado un tiempo mínimo para poder tomar una decisión sobre el servicio que han precontratado, pero que no se les ha llegado a prestar aún, como sucede en cualquier ámbito en el que se contratan servicios".
En cuanto a este punto, el dictamen del Consell recuerda que el derechos a desistir de un servicio de transporte precontratado no se recoge en la legislación catalana ni en ninguna ley estatal que, además, excluye del derecho de desistimiento en el servicio de transporte de viajeros y en el caso de un contrato de alquiler de vehículos.
"Esto es así porque ambas normas tienen la finalidad de compatibilizar la necesaria protección de las personas consumidoras cuando utilicen medios de contratación a distancia con la de los intereses de los prestadores del servicio, para evitar el gravamen excesivo que para el empresario conllevaría que los clientes, sin necesidad de ningún tipo de justificación, pudieran anular sin costes los servicios previamente reservados", explica el dictamen.
La precontratación temporal es el único articulo del decreto-ley 4/2019 que el Consejo considera que atenta contra la libertad de empresa, por lo que tanto la prohibición a circular en vacío por las calles como mostrar la geolocalización de los coches de Uber y Cabify no vulneran la Constitución. En este punto, lo considera ajustado para evitar la captación directa de clientes en la calle, un servicio reservado al taxi.
Considera ajustado prohibir la geolocalización de los vehículos de Uber y Cabify
El Consejo es meramente consultivo, por lo que su dictamen no es vinculante. Es más, el Govern de Carles Puigdemont ignoró abiertamente todos los dictámenes que le decían que estaba cometiendo ilegalidades con la convocatoria del referéndum y la declaración de independencia, entre otras cosas.
De momento, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este lunes que mantienen el calendario de convalidación del decreto de las VTC para esta semana en el Parlament pese al dictamen, que "no es vinculante". También el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pretende aprobar esta semana la ampliación del periodo de precontratación a una hora en su territorio.
El análisis de la ley lo pidió Ciudadanos y ahora habrá que ver si interpone un recurso de amparo o toma algún tipo de medida para evitar que se mantenga vigente.
