La Audiencia Nacional da un nuevo paso en las pesquisas de la relación de BBVA y su presidente de honor, Francisco González, con el excomisario José Manuel Villarejo por el caso de las presuntas escuchas ilegales. El magistrado del Juzgado Central número 6, Manuel García-Castellón, ha remitido recientemente un requerimiento al banco para que entregue toda la documentación sobre los contratos que estableció con las empresas del exinspector en un plazo de 72 horas, según informan a este diario fuentes conocedoras del caso. El plazo terminaría el lunes día 18, al no ser el sábado ni el domingo días hábiles para la Justicia.
La entidad, de todo el escándalo, solo ha confirmado hasta la fecha la existencia de que hubo una relación contractual desde 2004 con el grupo Cenyt, holding de las sociedades de Villarejo. No obstante, ha negado en todo momento las posibles irregularidades y nunca ha querido informar de cuántos contratos mantuvo con el expolicía.
Por el momento, los papeles de Villarejo han revelado la existencia de dos contratos con BBVA. El primero de ellos se firmó a finales de 2004 para frenar la operación de asalto de Sacyr al banco por un importe de medio millón de euros. El segundo, de 2012 a 2017, con el objetivo de investigar a la asociación de consumidores Ausbanc y por el que el banco pagó cinco millones al expolicía.
El requerimiento del juez se produce después de la publicación que presuntamente liga a la entidad y a Villarejo con el incendio de la Torre Windsor, en febrero de 2005, que destruyó la documentación relacionada con la venta de FG Valores -sociedad de Francisco González- a Merrill Lynch (ver en la página anterior). La entidad tiene la obligación legal de entregar los documentos al magistrado, puesto que, de lo contrario, éste podría emitir una orden de registro de la sede del banco azul. Fuentes de la entidad remarcaron ayer que "BBVA ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales".
García-Castellón tiene abiertas dos investigaciones a BBVA, ambas bajo secreto de sumario. La primera pieza se abrió en junio, coincidiendo con las informaciones que apuntaban a que la entidad contrató al excomisario para investigar a la asociación de consumidores Ausbanc. Además, el juez abrió una segunda pieza a la entidad, a mediados del pasado mes de enero, por el presunto espionaje a políticos y empresarios que Villarejo realizó para el banco con el objetivo de abortar la toma de control de la entidad por parte de Sacyr, entre finales de 2004 y 2005.
El magistrado, dentro de estas dos causa, ya investiga directamente el presidente de honor del banco, Francisco González. Según un escrito del juez al que ha tenido acceso este diario, García-Castellón busca conocer qué implicación tuvo González en la contratación del exinspector.
Indagaciones internas
BBVA inició el pasado mes de junio una investigación interna de la mano del despacho de abogados Garrigues para esclarecer los hechos. Hasta el momento, según informó este miércoles el propio banco en su informe de Gobierno Corporativo, no ha descubierto ningún indicio de delito. La entidad comenzó sus propias indagaciones sobre los trabajos con el excomisario coincidiendo en tiempo con la apertura de la primera causa judicial que abrió la Audiencia Nacional al grupo financiero.
La investigación interna del banco fue reforzada a mediados de enero con la contratación de la consultora PwC y el bufete Uría para intentar acelerar el análisis. Aún así, BBVA considera que sus pesquisas tardarán tiempo y podrían alargarse incluso doce meses debido a las dificultades técnicas, legales y a la ingente cantidad de datos que se están revisando, entre los que se incluyen los correos electrónicos de Francisco González y del actual presidente ejecutivo, Carlos Torres.
