El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no se ha movido ni un milímetro en su postura sobre el sector de las VTC. Así, lejos de abrir la puerta a intervenir en el conflicto o a elaborar alguna ley nacional, tal y como le exigió ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el político ha reiterado en sede parlamentaria que "la competencia es de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos" por lo que es su obligación regular la actividad de los vehículos de Uber y Cabify dentro de sus ciudades ya que "son los que mejor conocen las necesidades de movilidad de sus ciudadano".
En este sentido, Ábalos ha recordado que Madrid ya se negó en su día a asumir las competencias de las licencias por lo que no le "sorprende la situación actual" y la falta de motivación para realizar una regulación. Una postura que, según el ministro de Fomento, no podrá mantener mucho tiempo ya que si en el plazo de cuatro años no ha regulado a las VTC y no ha creado licenciadas regionales, Uber y Cabify,no podrán seguir operando dentro de la capital.
"No me extraña la situación que vive Madrid porque sabíamos que no lo iban a asumir la competencia y en el Real Decreto Ley 13/2018 no se le obliga, pero tienen que regularlas en 4 años porque si no las VTC dejarán de operar en Madrid", aseguró Ábalos durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Y es que el Gobierno ha dado un plazo de cuatro años a modo de indemnización a los actuales propietarios de las licencias de VTC nacionales antes de eliminar de sus competencias los tráficos urbanos y cambiar, así, sus condiciones de explotación. "Las VTC nacionales necesitará autorización de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos para desarrollar su actividad en los territorios cuando nos retiremos de la competencia", recordó Ábalos, que también reiteró que los gobiernos locales y regionales ya tienen la capacidad de regular la actividad de las VTC nacionales en sus territorios en ámbitos como la precontratación, los limites de aparcar, de fijación de días libres y descansos... Es decir, que tienen total libertad para taxificar a las VTC sin esperar a que pasen los cuatro años de moratoria, que se pueden elevar a seis o más.
"Las VTC nacionales necesitará autorización de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos para desarrollar su actividad en los territorios cuando nos retiremos de la competencia"
En este punto, el ministro de Fomento ha recordado que el Real Decreto no supone una expropiación de las licencias de Uber y Cabify si no de una cambio en las condiciones de explotación que, según defiende, es totalmente legal. "Nadie es dueño de una licencia y no existe ninguna merma en la misma si cambian las condiciones de explotación porque si no asistiríamos a una inmovilidad y perpetuidad de las licencias y eso no es así", explica.
En cuanto a la idea de hacer una ley nacional consensuada, Ábalos ha animado a los partidos políticos a presentar enmiendas al Real Decreto-Ley 13/1998 para proponer los cambios que quieran. A su vez, ha recordado que hay unos foros donde se reúnen las CCAA cada mes y que pueden usar para crear políticas comunes para todos los territorios.
