Una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea llevaría a Bruselas reclamar 1.500 millones de dólares a las empresas británicas, al modo que lo ha hecho con Apple por considerar que se aprovechó de ventajas fiscales ilegales. Sin un acuerdo, Reino Unido podría ignorar los pronunciamientos de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Faltan poco más de dos meses para la fecha de salida programada de Reino Unido para el 29 de marzo y se está acabando el tiempo para que la Comisión Europea ordene al país que recupere el dinero de las compañías a las que se les han concedido exenciones fiscales ilegales. Según Bloomberg, Bruselas tomará ladecisión justo antes del Brexit, dijeron personas familiarizadas con el caso. Pero no está claro cómo la Comisión podría garantizar el cumplimiento de Reino Unido.
"El problema no es la posibilidad de una apelación", y qué tribunal lo escucharía, "sino cómo hacer cumplir una decisión tomada justo antes de la fecha del Brexit", explica Raymond Luja, profesor de impuestos en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, y se pregunta: "¿Qué pasaría si el Reino Unido simplemente lo ignorara?".
Un Brexit sin acuerdo significaría que el acuerdo de salida y el período de transición negociados durante meses, ya no se aplicarían. Reino Unido y sus dos jueces en la UE también dejarán de formar parte del Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, lo que llevará a la pregunta de cómo la UE podría hacer cumplir las decisiones judiciales sobre un país que está fuera del bloque.
De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg Tax, 53 empresas, entre ellas Diageo, Pearson y Compass, han advertido sobre los costos potenciales derivados de la investigación abierta por la Comisión por fiscalidad a la carta por parte de Reino Unido. Veintitrés de ellas, entre las 250 firmas más grandes del Reino Unido, han revelado que tendrían que devolver 1.500 millones de dólares si prosperan las acusaciones de Bruselas.
La investigación fue iniciada en 2017 tras la reforma fiscal de Cameron
En medio de una ofensiva contra las lagunas fiscales diseñadas para ayudar a las grandes empresas, la comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, abrió una investigación en profundidad en octubre de 2017 para descubrir si las empresas se beneficiaron injustamente de una rebaja fiscal en Reino Unido introducida por el Gobierno de Cameron. La investigación puede terminar como el caso de Apple en Irlanda, que terminó con Bruselas exigiendo al país comunitario a recuperar las ayudas al gigante tecnológico.
En diciembre, Bruselas concluyó una investigación por separado sobre los acuerdos de impuestos corporativos en el territorio británico de Gibraltar, con una orden para reclamar unos 100 millones de euros en exenciones fiscales.
En circunstancias normales, el Reino Unido tendría dos meses para apelar cualquier decisión de la Comisión ante los tribunales de la UE. Pero con un Brexit desordenado "podría simplemente ignorarla", indica Howard Liebman, socio fiscal del bufete de abogados Jones Day en Bruselas. "Puede decidir, dependiendo de lo que suceda con el Gobierno del Reino Unido, no presentar una apelación y simplemente decir, estamos fuera de la UE, y esta decisión no nos afecta".
Ignorar una decisión de la UE podría ser contraproducente a largo plazo, especialmente si el Reino Unido quiere acuerdos sobre posibles acuerdos comerciales futuros. "En cualquier caso, el mantenimiento de las reglas de competencia y comercio comunes entre Reino Unido y la UE se un requisito previo para un futuro acuerdo comercial", subraya Jeremy Cape, socio de la firma de abogados Squire Patton Boggs. No asumir las demandas de la Comisión complicaría más las cosas entre los dos bloques
"Después de que el Reino Unido se retire, y si la UE gana ante el tribunal y luego gana nuevamente como parte de cualquier apelación, ¿qué pueden hacer la UE o los tribunales europeos para obligar al Reino Unido a cumplir con esas sentencias?", Dijo Liebman. "No creo que haya ningún mecanismo de cumplimiento disponible, independientemente del resultado".
El Ministerio de Estrategia de Negocios, Energía e Industria del Reino Unido hizo referencia en agosto a las atribuciones en materia de Competencia de la UE confirmando que la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) asumirá el control en caso de que no haya acuerdo, validando las ayudas estatales a través de impuestos. Esto significaría que los tribunales del Reino Unido serán los que decidan sobre disputas relacionadas con compañías con sede en el Reino Unido.
La CMA dijo que pretende seguir un marco legal similar al de la UE, por lo que sus decisiones "en teoría" podrían estar en línea, añade Nicole Robins, socia especializada en ayudas estatales en la consultora de economía Oxera en Bruselas.
