La Justicia ha frenado los primeros intentos de los ayuntamientos de limitar la actividad de las VTC en las ciudades. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 13/2018 el pasado mes de septiembre, el consistorio de Córdoba decidió prohibir a los vehículos que operan con Uber y Cabify circular por el casco histórico de la capital, una zona muy restringida al tráfico por su valor cultural y al que solo pueden acceder taxis y calesas. La decisión del ayuntamiento, tomada cuando Uber iba a entrar a operar en la ciudad de la mano de Ares Capital, ha sido suspendida cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba, que no ha visto suficientemente motivaba la decisión y, ante "la duda" de que Ares pueda ganar la demanda, ha decidido que los vehículos pasen a realizar su trabajo.
El consistorio de Granada también quiso prohibir el acceso de las VTC al centro de la ciudad, una decisión que también ha sido paralizada de forma cautelar ante la posibilidad de que pueda suponer "una vulneración de las normas de la defensa de la competencia". En este sentido, el ayuntamiento sevillano anunció hace poco que iba a restringir el acceso de Uber y Cabify al centro, una medida que llevó a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, a publicar una circular en la que advierte a los ayuntamientos de que no pueden "introducir restricciones que obstaculizasen la competencia entre oferentes del mercado, en particular entre el sector del taxi y el servicio de transporte de viajeros con conductor".
Entre otras cosas, la circular impulsada desde la Junta asegura que "cualquier restricción que se establezca al acceso o ejercicio del servicio de transporte de viajeros con conductor no debe implicar un trato discriminatorio entre unos operadores económicos y otros, en especial, una diferencia de trato entre el sector del taxi y las VTC". Y es que, tal y como recuerda, este tipo de medidas vulneraría los artículos 3 y 18 de la Ley de la Libre Competencia (LGUM), que establece que todos los actores tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional.
El Ayuntamiento de Madrid, que todavía no ha elaborado ningún reglamento específico, parece tener claro ese principio, ya que ha dado a las VTC los mismos derechos de circulación que a los taxis en Madrid Central, Gran Vía y durante los protocolos de contaminación. Así, lejos de limitar su circulación, que es donde los ayuntamientos pueden meter mano más fácilmente, ha equiparado ambas actividades. En este punto, la agencia andaluza va un paso más allá y advierte específicamente a los ayuntamientos que tienen la obligación de "no establecer un tratamiento diferenciado" entre las VTC y el taxi en tres puntos: la utilización de carriles especiales -bus o taxi-, acceso a zonas de circulación especial y limitaciones al uso de vías públicas, en especial las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento, restricciones basadas en la polución o los problemas de congestión en el tráfico. Es decir, que los ayuntamientos no pueden prohibir a los vehículos VTC cargar y descargar pasajeros o circular por carriles reservados o zonas restringidas mientras se le permite a los taxis, tal y como intentan hacer.
Por último, la circular también advierte a los consistorios de que cualquier regulación o disposición que lleven a cabo en su ámbito de actuación "debe venir guiada bajo la base del principio de necesidad y proporcionalidad". Es decir, que los ayuntamientos tienen las manos atadas para limitar el acceso y circulación de las VTC si no se le aplican los mismos principios a los taxis.
En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) ha vuelto a rechazar el reglamento aprobado por la AMB antes de que se aprobara el Real Decreto. El juzgado ha ratificado así la suspensión cautelar de las restricciones, que buscaban impedir la actividad de unas 1.900 VTC en el área metropolitana para recuperar el ratio de un coche de Uber o Cabify por cada 30 taxis. Actualmente, el ratio es 1/4,5. Según explica el juez, el consistorio de Ada Colau no solo no tiene las competencias para aplicar ese tipo de limitaciones, sino que el nuevo decreto blinda la actividad de las VTC durante cuatro años.
Nuevas movilizaciones
Tanto la proliferación de resoluciones judiciales a favor de la equiparación en cuanto a la restricciones al tráfico entre taxi y VTC, como la falta de cooperación entre las Administraciones y los amplios plazos para tramitar como ley el Real Decreto 13/2018, están empezando a poner nerviosos a los taxistas, que ya han amenazado con nuevas movilizaciones en Madrid y Barcelona. Así, Elite Taxi ha exigido a la Generalitat que fije un plazo de precontratación de 12 horas y obligue a los vehículos a volver a la base entre viaje y viaje, una norma que estaba incluida en la ley antes de que en 2009 se aprobara la Ley Omnibus, que liberalizó el sector de las VTC.
No es la primera vez que los taxistas exigen que tengan que pasar una serie de horas entre que se pide el servicio y se presta, pero Fomento ya se negó en su día a hacerlo por los problemas legales que conllevaría. Elite se reunió con la Generalitat el lunes para exigir que se incluyan estos dos puntos y han dado de plazo hasta el viernes para decidir si convocan huelga indefinida. Por su parte, la Generalitat se comprometió a estudiar "la viabilidad jurídica" de las medidas.
Por su parte, los taxistas de Madrid convocaron este martes movilizaciones para exigir que la Comunidad regule la actividad de Uber y Cabify para "garantizar que se cumpla la exigencia de que exista una licencia de VTC por cada 30 taxis".
Pese a la volatilidad del mercado y los problemas para operar en Europa, donde Bruselas ha prohibido su actividad y en España buscan limitarla, el consejero delegado de Uber asegura que los planes de salir a bolsa siguen adelante.
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