Empresas y finanzas

Las VTC exigirán al Gobierno blindar su actividad urbana durante 14 años

  • Si van a juicio, el sector solicitará 240.000 euros por autorización
Foto: Archivo.

El sector de las VTC ultima una oleada de reclamaciones ante el Ministerio de Fomento para blindar su actividad de forma indefinida o, por lo menos, durante 14 años. Los propietarios de los permisos tienen hasta el 31 de diciembre para presentar sus requerimientos al Real Decreto Ley 13/2018, que abre la puerta a que se supriman este tipo de licencias para el ámbito urbano en cuatro años, y la patronal Unauto ya tiene contabilizadas 10.000 reclamaciones individuales, cifra que prevén que se eleve hasta las 12.000 antes de fin de año.

Los dueños de los vehículos que operan con Uber y Cabify llevan semanas trabajando, codo con codo, con unos 33 bufetes de abogados, entre los que se encuentran Clifford Chance, Gómez Acebo & Pombo, Cuatrecasas o Garrigues, entre otros, para preparar las reclamaciones y denuncias con las que el sector busca elevar la moratoria fijada por el Real Decreto y lograr indemnizaciones por lucro cesante, si es que no consiguen mantener de forma indefinida la vida de sus licencias. Un informe pericial calculó que los dueños de las VTC podrían pedir hasta 240.000 euros por licencia si finalmente son expropiadas (unos 3.000 millones en total).

Y es que, según explica el presidente de Unauto, Eduardo Martín, el propio decreto reconoce "implícitamente" que están llevando a cabo "una expropiación de las autorizaciones VTC", al prohibirlas operar en el ámbito urbano, y que la compensación calculada por Fomento no está bien hecha. "A las reclamaciones individuales se ha añadido una alegación complementaria en la que se pide que la licencia sea indefinida, pero si Fomento y la Justicia mantienen la vigencia de Real Decreto que, por lo menos, nos den 14 años de libre explotación y una compensación pecuniaria", explica el presidente de Unauto.

Según un informe de la Universidad de Málaga la fórmula del Real Decreto para calcular la moratoria de cuatro años está mal hecha por lo que, en todo caso, habría que rehacerla o repetirla y, hasta entonces, la licencia tendría que seguir siendo indefinida. En este punto, aseguran que si se aplican bien las variables a la fórmula de amortización el resultado son 14 años, por lo que exigen que sea el periodo mínimo de compensanción.

Los requerimientos a Fomento, que tendrá seis meses para resolverlos, son solo el primer paso del sector en la guerra judicial que prepara contra el Real Decreto Ley 13/2018. Los algo más de 33 despachos de abogados, entre los que también se encuentran KPMG y PWC, tienen la orden de inundar los juzgados con denuncias contra el Estado por expropiación.

Y es que no parece que el ministerio que dirige José Luis Ábalos esté dispuesto a aceptar que la licencias tenga una vida indefinida, ya que considera que la moratoria de cuatro años que esta legislación da a los coches de Uber y Cabify antes de que los ayuntamientos puedan restringir su número es "suficiente para amortizar las licencias".

Además, argumenta que las autorizaciones "ni se suprimen ni se expropian, solo cambian sus condiciones y siguen existiendo para dar servicio interurbano o solicitar las nuevas licencias urbanas".

El frente autonómico

La ofensiva contra las medidas de Fomento son paralelas al frente judicial que las VTC puedan abrir contra las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos por tratar de limitar su actividad. Según Fomento, el Real Decreto, que todavía se está tramitando como proyecto de ley y está abierto a enmiendas parciales, ya da vía libre a los gobiernos regionales y municipales para regular a las VTC e imponerles horarios, zonas y días de actuación... Un extremo con el que no está de acuerdo el sector, que no dudará en recurrir cualquier tipo de regulación y exigir indemnizaciones.

En este punto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó la semana pasada las medidas cautelares impuestas contra el reglamento urbano de la AMB, que trataba imponer con efecto retroactivo la limitación de un vehículo VTC por cada 30 taxis. Así, la AMB tendrá que "garantizar, cuatro años en todo caso, el estatus del que venían disfrutando en el ámbito urbano las autorizaciones VTC".

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