Empresas y finanzas

Más de 8.000 empresarios de VTC han presentado reclamaciones al Gobierno

  • El plazo para apelar contra la ley acaba el próximo 31 de diciembre
  • Se espera que sumen hasta las 12.000, casi la totalidad de empresas

Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, tienen de plazo hasta el próximo lunes, 31 de diciembre, para presentar reclamaciones al Ministerio de Fomento por el Real Decreto aprobado en septiembre que abre la puerta a que dentro de cuatro años se supriman licencias de este tipo de transporte urbano.

Según la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), Unauto VTC, ha estimado que son 8.000 las reclamaciones presentadas para las indemnizaciones que establece el real decreto ley que regula el sector y ha comunicado que calcula que llegarán a 12.000 -casi la totalidad del parque.

El Real Decreto estableció un plazo de tres meses y los pasos a seguir para el caso de que los propietarios de las alrededor de 12.800 licencias de VTC actualmente vigentes en el país consideren que la moratoria de cuatro años que se les otorga antes de su eventual supresión no sea suficiente para amortizarlas y presentar una reclamación.

No obstante, el texto fija que, en el supuesto de que estas reclamaciones se acepten y se reconozca una indemnización, no se abonará en forma de compensación económica, sino en tiempo, esto es, mediante la concesión de un máximo de dos años adicionales de operación a los cuatro reconocidos por la ley.

Los titulares de VTC deben dirigir sus reclamaciones, con la correspondiente justificación y documentación, ante la Dirección General de Transportes de Fomento, que cuenta con seis meses para resolverlas.

Indemnización de 3.800 millones

El presidente de Unauto, Eduardo Martín, explica en una nota difundida que el paso siguiente, una vez presentados los recursos, será esperar a la respuesta de la Dirección General de Transportes. La asociación no descarta, posteriormente, interponer recursos contencioso-administrativos y, si fuera necesario, apelar ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

Martín subraya que Unauto trabajará para "garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena".

Unauto menciona en su nota un estudio encargado a la consultora Ernst & Young según el cual el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC ascendería a unos 3.800 millones de euros para las administraciones. 

Con la nueva norma, según Unauto, ese coste pasaría a dividirse entre las 17 comunidades autónomas en función del número de autorizaciones que hayan autorizado, por lo que algunas comunidades, como Cataluña, podrían tener que desembolsar casi 1.000 millones en indemnizaciones.

Una norma blindada jurídicamente

La resolución de la Dirección General de Transportes podrá fin a la posibilidad de reclamar por vía administrativa, si bien Fomento no descarta recursos judiciales, a pesar de asegurar que el Decreto está "blindado jurídicamente". Además, el Real Decreto se tramita actualmente como proyecto de ley en el Congreso y, por lo tanto, está abierto a modificaciones.

Precisamente, uno de los motivos que llevó a que el texto se tramitara como ley es la inquietud manifestada por varias comunidades autónomas ante la posibilidad de tener que afrontar reclamaciones millonarias de los VTC.

No obstante, Fomento considera que la moratoria de cuatro años que esta nueva legislación da a los VTC antes de que los ayuntamientos puedan restringir su número de vehículos es "suficiente para amortizar las licencias". Además, argumenta que las licencias "ni se suprimen ni se expropian, sólo cambian sus condiciones y siguen existiendo para dar servicio interubano o solicitar las nuevas licencias urbanas".

En virtud del Real Decreto Ley, en cuatro años las actuales 12.800 licencias de VTC que existen en España, la mitad de ellas en Madrid, dejarán de estar habilitadas para realizar transporte urbano, su principal negocio y en el que compiten con el taxi.

No obstante, los ayuntamientos que quieran seguir contando con este tipo de servicio en sus ciudades puedan hacerlo, si bien fijarán su número mediante la concesión de una nueva licencia urbana específica.

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