El Congreso de los Diputados ha cerrado en falso la guerra del taxi. El Real Decreto Ley 13/2018, que busca dejar en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) la regulación de las VTC dentro de las ciudades, ha sido aprobado esta mañana por mayoría absoluta (179 votos a favor, 164 en contra y 2 abstenciones) en la Cámara Baja pero su futuro ha quedado en el aire .
Y es que los diputados también han aprobado que el texto sea tramitado como proyecto de ley, lo que abre la puerta a la presentación de enmiendas que cambien alguna de las disposiciones e, incluso, la redacción del nuevo artículo 91 de la Lott, que es el que ha sido modificado para que las VTC nacionales no puedan realizar tráficos urbanos dentro de cuatro o seis años.
La tramitación como ley del Real Decreto ha sido respaldada por 184 diputados, entre los que se encuentra el PP, Coalición Canarias, PdCat, ERC, PNV y Ciudadanos, y rechazado por 160, liderados por PSOE y Podemos. Y es que, la mayoría de los partidos quieren blindar legal y económicamente a las regiones que gobiernan ante cualquier tipo de denuncia.
Aunque según el ministro del Fomento, José Luis Ábalos, la tramitación no impide que el Real Decreto entre en vigor inmediatamente y que "despliegue todos sus efectos ya mismo", lo cierto es que abre un periodo de incertidumbre en el sector al no saber cómo va a resultar el texto final tras la introducción de enmiendas y se corre el riesgo de agrandar y agravar el conflicto.
Se abre un plazo de tramitación de 8 meses
El plazo para su tramitación, que es de urgencia y no permite enmiendas a la totalidad, es de ocho meses en el que lo normal es que no se lleve a cabo ninguna modificación, ya que existe el riesgo de que luego pueda quedar fuera de la ley. Así, el diputado socialista César Ramos, pidió durante el debate que no aprobara su tramitación urgente como ley, porque supondría generará "más incertidumbre e inseguridad jurídica" tanto al sector del taxi como al de las VTC.
"La tramitación como proyecto de ley puede generar más incertidumbre y a base de meter enmiendas puede quedar una normativa que sea más cuestionable. No dejemos que los taxistas que hoy están en las puertas del Congreso se vayan a casa sin saber que va a pasar con su futuro y que no abramos un melón que no sabemos cómo vamos a poder cerrar", sentenció Ramos. Una petición a la que ha hecho oídos sordos la mayoría del Congreso.
Los partidos independentistas catalanes han asegurado durante el debate de convalidación del decreto que quieren que la nueva ley recoja que el Gobierno central se hará cargo de las consecuencias judiciales y patrimoniales de la aplicación de la normativa. "Vamos a introducir dos enmiendas para asegurarnos por ley de que en caso de existir responsabilidad patrimonial lo va a asumir la el Estado", aseguraron desde PdeCat.
Indeminzaciones de hasta 3.800 millones
No en vano, según un informe elaborado por EY a petición de la patronal Unauto, las VTC podrán llegar a pedir a la Generalitat entre 800 y 1.200 millones de euros en indemnizaciones por restringir su actividad. La factura total en España podría ascender a los 3.800 millones de euros. Las dueñas de las licencias que trabajan con Uber y Cabify han contratado ya a una decena de bufetes de primera fila para tratar de llevar ante el Tribunal Constitucional por la vía indirecta el decreto y reclamar indemnizaciones por expropiación, entre otras cosas. Así, si las CCAA aprueban alguna ley que afecte a la libre actividad de las VTC, éstas denunciarán la ley ante el TSJ y pedirán al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto o ley que ampara esa iniciativa.
Por su parte, ERC ha asegurado que también presentará una enmienda con la que busca asegurar que las decisiones o leyes que apruebe la Generalitat o los Ayuntamientos no serán recurridas por el Gobierno o la CNMC, como sucedió con la ley antiUber aprobada por el Área Metropolitana de Barcelona. En este punto, Compromís ha criticado que el Gobierno traslade el problema a las CCAA y los Ayuntamientos, punto en el que coinciden con PP, Foro y Ciudadanos, y que no se haga responsable de las consecuencias económicas de la solución propuesta.
Coalición Canaria también ha solicitado meter enmiendas para mejorar el texto y asegurar la singularidad de los archipiélagos y el PNV también se mostró crítico con la redacción actual del texto. "No sé ha consultado a todos los sectores implicados, no se ha consultado a las CCAA y además no ha habido consulta al principal implicado que es a los usuarios. Si bien no nos parece correcto el planteamiento del Real Decreto Ley valoramos la valentía del Gobierno para tratar de regular el problema", aseguró el diputado vasco Íñigo Barandiaran.
Por su parte el PP, con 134 diputados en el Congreso, se mostró totalmente en contra del Real Decreto y aseguró que si sale aprobado votará que se tramite como proyecto de ley para "eliminar los puntos de inconstitucionalidad" y añadir otras reformas como "la tarifa fija para el taxi en precontratación y el taxi compartido", aseguró el diputado popular José Alberto Herrero Bono.
Y es que, según el partido que preside Pablo Casado, la normativa aprobada por Real Decreto Ley no reviste de la urgencia y la necesidad previstas por la legislación ya que no tendrá efectos sobre las licencias actuales de VTC hasta dentro de cuatro o seis años, que es la moratoria que contempla el texto a modo de indeminización al sector. Fedetaxi y Antaxi han anunciado que lo recurrirán aunque han celebrado como una victoria el respaldo del Congreso al decreto anti Uber y Cabify sin pronunciarse sobre su tramitación.
¿Qué piden ahora los taxis?
En este punto, Antaxi ha pedido responsabilidad a las CCAA y Ayuntamientos "para que trabajen en legislar cuanto antes en los apartados en los que les habilita esta norma", asegura Julio Sanz, presidente de la asociación nacional del taxi. "Es necesario que tanto las comunidades como los ayuntamientos se impliquen activamente para implantar las medidas necesarias que garanticen el equilibrio entre dos sectores que, a pesar de desarrollar su actividad en el mismo ámbito, atendían a legislaciones diferentes", explica Sanz. Y es que, según defendió el ministro de Fomento, esta modificación habilita a las CCAA a que regulen de forma voluntaria el servicio de las VTC para que puedan competir en igualdad de condiciones con los taxis. Es decir, poniendo horarios, limitación de tarifas, exigiendo tipo de coche…. Por su parte, Podemos defendió el decreto como una lucha contra las multinacionales que quieren acabar con el sistema de bienestar y los derechos de los trabajadores.
Desde Élite Taxi se han mostrado satisfechos con el resultado de la votación aunque no han escondido la contrariedad que supone alargar en el tiempo el conflicto. "Lógicamente preferíamos que no se hubiera tramitado como proyecto de ley y que quedara cerrado hoy pero el proceso también nos abre la puerta a pedir cosas y promover enmiendas que nos permitan blindar aún más el sector del taxi", asegura Alberto Fernández, líder de Elite Taxi en Barcelona. En este punto, la asociación asegura estar tranquila porque tienen el compromiso de la AMB y de la Generalitat de que van a legislar inmediatamente a pesar de la tramitación y de la moratoria.
Por su parte, desde Fedetaxi ya han enviado sendos escritos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid para que restrinjan la actividad de las VTC nacionales en la capital con carácter inmediato.
Entre otras cosas, exigen que no puedan circular por el centro sin la etiqueta de cero emisiones, que se les impongan horarios obligatorios y un calendario de servicios para desarrollar su actividad, que se modifique el actual régimen de precontratación "estableciendo un tiempo mínimo entre la solicitud del servicio y su realización" y fijando un tiempo determinado de espera entre contrato y contrato. También piden que tengan que prestar servicios interurbanos en determinadas franjas horarias de forma obligatoria, que se establezcan puntos de carga y descarga de pasajeros diferenciados, entre otras cosas.
"Todo esto es con carácter urgente e inmediato sin perjuicio de que mientras tanto la CCAA trabaje en un proyecto de legislación autonómica que le permita la adopción de otras medidas como el establecimiento de una licencia Urbana de VTC", sentencia Fedetaxi que defiende que Madrid ya tiene margen suficiente para actuar en base a las competencias que ya tiene delegadas.
