El Real Decreto aprobado por el Gobierno para que los bancos sean los que paguen el AJD de las hipotecas ha sentado muy mal entre los magistrados del Tribunal Supremo. Tan solo 48 horas después de la aprobación de la norma, Carlos Lesmes, presidente del Alto Tribunal, y la vicepresidenta Carmen Calvo charlaron no más allá de tres minutos, tras la celebración de un acto en el Constitucional en el que ambos coincidieron. No hubo malas caras, tan solo seriedad en su conversación, ampliamente fotografiada por los medios de comunicación.
Según diversas fuentes, Lesmes no transmitió a Calvo su malestar y el de algunos magistrados, que consideran que ha sido un ataque a la soberanía del Poder Judicial, que debilita su imagen justo cuando la Sala de lo Penal se haya en la cuenta atrás de los juicios del 'procés'. Sin embargo, sí que reconoció lo mal gestionado que estuvo el procedimiento.
No se había enterado de nada
Lesmes también ha comentado entre sus compañeros su enfado y preocupación porque su imagen, una vez que deje el cargo el próximo 4 de diciembre -si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios-, va a quedar señalada por este episodio, un deterioro muy grande de la imagen del Supremo.
Los hechos se iniciaron a mediados de octubre, cuando se reunieron los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera para abordar tres recursos planteados por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid sobre quién era el responsable del pago del AJD.
Lesmes pidió a Díez-Picazo que saliera públicamente a aclarar la sentencia y éste se negó y le informó de que iba a publicar una nota, que disparó el proceso de descrédito
Pronto se dieron cuenta de que Jesús Cudero, Francisco José Navarro, José Díaz Delgado y Ángel Aguallo eran partidarios de anular un artículo del Reglamento del impuesto -que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto- por ser contrario a la ley. Dicho artículo actualmente está anulado, a pesar de que sin él en vigor se han fallado tres sentencias a favor del municipio y otras tres en contra.
Lesmes pidió a Díez-Picazo que saliera públicamente a aclarar la sentencia y éste se negó y le informó de que iba a publicar una nota, a lo que el presidente del TS le aconsejó que no lo hiciera. Esta nota fue el inicio del proceso de descrédito que sufre la institución.
En la nota, publicada el día 18, se afirmaba que la sentencia suponía "un giro radical" en el criterio jurisprudencial sustentado hasta entonces y "de su enorme repercusión económica y social". Por ello, informaba el presidente de la Sala, se había acordado, con carácter urgente, dejar sin efecto los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y avocar al Pleno de la Sala para decidir si dicho giro jurisprudencial debía ser o no confirmado.
Lesmes intentó mediar y convocó, el día 21, a Díez-Picazo y a los miembros de la Sección Segunda para que le explicasen por qué no habían informado al presidente sobre su decisión
Al leer la nota, muchos magistrados se quejaron agriamente a Lesmes, por lo insólito de avocar un Pleno después de emitirse una sentencia firme. Otros mostraron su enfado porque la Sección Segunda no hubiese informado antes de fallar. Los primeros señalaban el desprecio que suponía para los firmantes, y por el descrédito que estaba generando el caso.
Las asociaciones de jueces, miembros del Gobierno de Sánchez, como Margarita Robles, otros políticos, como Pablo Iglesias, comenzaron a criticar la avocación del Pleno y a pedir la dimisión de Díez-Picazo.
En la calle, mientras tanto, se empezaron a convocar concentraciones de protesta y presión por las asociaciones de consumidores.
Intento de mediación
Lesmes intentó mediar y convocó, el día 21, a Díez-Picazo y a los miembros de la Sección Segunda para que le explicasen por qué no habían informado al presidente sobre su decisión y trató de encontrar una solución que bajase la temperatura ambiente. No hubo forma y cada uno se enrocó en sus posiciones. La bolsa, mientras tanto, castigó durante días al sector bancario, con pérdidas que se cifraron en hasta 8.000 millones de euros.
Díez-Picazo quiso buscar una tercera vía, en la que los bancos no pagasen por los cuatro años previos, pero no hubo manera de llegar a ese debate
A la vista de esta situación, otros magistrados de lo contencioso-administrativo, críticos con la convocatoria del pleno, quisieron celebrar una reunión para pedirle a Díez-Picazo que dejara el cargo.
Con este ambiente, se llegó aun bronco debate en el Pleno el día 5 de noviembre. Los malos modos fueron la tónica general en las 15 horas que duró, fruto de la tensión.
Díez-Picazo quiso buscar una tercera vía, en la que los bancos no pagasen por los cuatro años previos, pero no hubo manera de llegar a ese debate. Se votó esta tercera opción, a la que se sumó Díez-Picazo y se perdió. Luego sometieron a votación las otras dos tesis, aunque la primera quedó reducida a los partidarios de la retroactividad de los cuatro años, y los demás se decantaron a favor de la banca.
El resultado a favor de la banca se aseguró finalmente con el voto de Díez Picazo, que cambió entonces su criterio y dio por terminado el Pleno, ante la indignación de algunos de los magistrados, que querían seguir debatiendo.
