La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó ayer a la prensa en el Congreso que Alcoa ha recibido el 30% de la asignación otorgada al mecanismo de interrumpibilidad eléctrica durante la última década, que, en números gruesos, asciende a unos 1.000 millones de euros.
Fuentes conocedoras de la evolución de la interrumpibilidad -un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico por el que grandes empresas cobran a cambio de que se les corte el suministro en caso de necesidad- indican que Alcoa ha sido sistemáticamente el primer receptor de estos ingresos, a mucha distancia del segundo; este 2018 la compañía norteamericana ha recibido 90 millones, sobre un total de 315 millones.
Ribera ha declarado que los costes energéticos aludidos por Alcoa para cerrar dos fábricas en Asturias y Galicia eran "una excusa y una cortina de humo", en alusión al gran volumen de ingresos que ha recibido gracias a la interrumpibilidad. La ministra de Industria, Reyes Maroto, también cree que "difícilmente" se puede justificar la decisión del cierre por los costes energéticos.
UGT también ha rechazado las causas alegadas por la empresa, "no son reales", indicando que los costes energéticos se han compensado gracias a la interrumpibilidad y se prevén otras ayudas basadas en el CO2.
"Ralentizar" el mecanismo
La Ministra también ha indicado que, a la vista de lo sucedido, podría "ralentizar" el sistema de subastas de la interrumpibilidad y replanteárselo. La Comisión Europea quiere suprimirlo y el anterior ministro del ramo, Álvaro Nadal, aseguró hace un año que había conseguido que Bruselas aceptara mantenerlo "un par de años", mientras diseñaba otros mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva.
