El Gobierno no ha encontrado actuación "negligente o fraudulenta" por parte de los administradores de Accesos de Madrid, la concesionaria que construyó y explotó las autopistas radiales R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y R-5 (Madrid-Navalcarnero) hasta su reversión al Ministerio de Fomento la pasada primavera, derivada de la destrucción de documentación contable, societaria y fiscal denunciada por el administrador concursal en el plan de liquidación de la sociedad, participada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia. En una respuesta parlamentaria por escrito a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Ejecutivo estima que la eliminación de dicha información no afecta al valor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que ha de establecer antes del 13 de enero de 2019.
El Gobierno de Pedro Sánchez explica que "la información que es necesaria" para el cálculo de la RPA "se refiere únicamente a proyectos de obras ejecutadas, expedientes de expropiaciones y bienes inmuebles necesarios para la explotación", cuyos datos no se han eliminado.
En el plan de liquidación de Accesos de Madrid, adelantado en enero pasado por El Mundo, se hace constar que "la concursada ha procedido a destruir en el desarrollo de labores de limpieza, según narran, por error, documentación contable, societaria y fiscal que puede resultar necesaria en un futuro para que esta Administración Concursal pueda realizar sus labores".
Ante esta advertencia, Unidos Podemos presentó una batería de preguntas el pasado 17 de enero en el Congreso de los Diputados dirigidas al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy. No ha sido hasta ahora, ya con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, cuando se han tramitado las respuestas. Moncloa señala que "si hubiese algún acto que se considere perjudicial para los intereses del Estado y derivase de una actuación negligente o fraudulenta de los administradores de Accesos de Madrid, se exigirían las correspondientes responsabilidades". "A día de hoy -añade el escrito- no existe constancia de ninguna actuación de este tipo por parte de los administradores".
En una de las preguntas, Unidos Podemos cuestiona si el Gobierno contempla dejar fuera de nuevos procesos de licitación a las compañías que "han demostrado ser unas nefastas gestoras de lo público, entre otras, incumpliendo sus obligaciones de mantenimiento, puesta al día y custodia de la documentación contable, societaria y fiscal". El Ejecutivo se limita a señalar que aplicará la ley en los nuevos procesos de licitación y en las empresas que podrán acudir a los mismos.
Moncloa indica, asimismo, que está realizando en el momento actual un análisis en profundidad de las distintas posibilidades en relación con las autopistas que han revertido a la Administración y apunta que "tomará una decisión sobre su posible relicitación en los próximos meses". Mantiene así la puerta abierta a devolver a las empresas privadas las autopistas de peaje quebradas (la Circunvalación de Alicante quedaría fuera).
El Ejecutivo tendrá que fijar la RPA de estas concesiones en los próximos meses. Será entonces cuando previsiblemente surgirán las discrepancias con los fondos que compraron la deuda, con los que "no existen negociaciones en la actualidad".
2.600 millones de euros
El Gobierno de Mariano Rajoy estimó que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la liquidación de las nueve autopistas de peaje quebradas tendría un coste de entre 1.800 y 2.000 millones de euros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado esta cifra, en un cálculo preliminar, hasta un máximo de 2.600 millones. Los fondos que adquirieron la deuda la elevan hasta los 4.000 millones.
