El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, enfrió el martes públicamente la posibilidad de un acuerdo con los fondos acreedores de las autopistas de peaje en quiebra, después de que estos se hayan mostrado dispuestos a ofrecer una solución extrajudicial que fije una compensación intermedia entre sus pretensiones y las del Gobierno y que, además, evite un impacto sobre el déficit público. No obstante, al mismo tiempo, De la Serna abrió la puerta a volver a negociar con los hedge funds, siempre y cuando presenten "una oferta extremadamente atractiva". De hecho, está previsto que haya alguna reunión en próximas fechas, según fuentes del sector.
El ministro, que participó en el Foro Líderes organizado por la agencia Efe, incidió en que "ahora mismo estamos fuera de plazo" para llegar a un acuerdo que evite el traspaso de las nueve autopistas quebradas al Estado -se iniciará en febrero-. Ahora bien, las opciones cambian en cuanto a la factura que el rescate de las concesionarias puede tener para las arcas públicas. Es en este punto en el que trabajan ahora los fondos acreedores que compraron la deuda a los bancos con fortísimas quitas.
Attestor, Taconic, King Street y SPV Global, cuatro de los fondos más expuestos y que están asesorados por Houlihan Lokey, han trabajado hasta en una docena de fórmulas. La más factible pasaría por la emisión de un bono a través de un vehículo estatal, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una contraprestación de los hedge funds que esquive el impacto en el déficit público.
De la Serna no entró a valorar los posibles planteamientos de los fondos, pero sí dejó abierta la opción de negociar si trasladan "una oferta extremadamente atractiva". Una expectativa, a tenor de sus palabras, muy remota, toda vez que se necesitaría "un cambio profundo en las propuestas de los fondos que mucho me temo que no se va a producir", precisó el ministro, quien recordó que las conversaciones que han mantenido hasta la fecha "están muy alejadas para que se pudiera llegar a un acuerdo".
A pesar de las reiteradas preguntas, el ministro no quiso dar cifras concretas sobre el importe al que ascenderá la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) ligada a los ocho contratos de concesiones (nueve autopistas). Los Presupuestos reservaron 2.000 millones de euros para asumir este coste, pero los fondos elevan la factura para el Estado hasta los 4.600 millones. Una cantidad, no obstante, que se rebajaría sustancialmente si la fórmula que proponen llegara a buen puerto.
Para De la Serna, la única posibilidad de que haya un acuerdo es que el importe para las arcas públicas sea menor que el derivado de los procesos de liquidación. "Eso es fácilmente entendible porque de otra manera estaríamos premiando a esos fondos", advirtió.
El Gobierno licitará 2.000 millones de euros en carreteras
El Ministerio de Fomento ultima una bateria de concursos este año para reforzar la red de carreteras. En concreto, prevé licitar obras por 2.000 millones de euros antes de que termine el año para cumplir con los planes del Gobierno de poner en marcha proyectos por 5.000 millones entre 2018 y 2019. La iniciativa forma parte del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que cuenta con financiación público privada (Plan Juncker) por lo que no afectará al déficit. Ya se ha anunciado un proyecto en Murcia y otro en Castellón.
