El futuro de las autopistas de peaje en quiebra está en el aire tras el cambio de Gobierno. El anterior Ejecutivo tenía ya muy avanzados los contratos para relicitar las nueve vías en liquidación con el objetivo de obtener entre 700 y 1.000 millones de euros. Sin embargo, el PSOE apoyó el pasado mes de febrero una proposición no de ley de Podemos para que el Estado asuma la gestión de estas autopistas y de todas aquellas que vayan finalizando sus contratos. Sobre estas últimas, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha avanzado que revertirán a la Administración, mientras que en el caso de las radiales está evaluando las distintas opciones.
En este escenario, el Foro Infraestructuras, asociación multisectorial que representa a empresas privadas que promueven el desarrollo de proyectos de infraestructuras de todo tipo en España, ha lanzado en colaboración con el despacho Osborne Clarke una propuesta para maximizar el retorno de las autopistas de peaje.
Esta organización está conformada por BBVA, EY, Gómez-Acebo & Pombo, Construcciones Sarrión, Broseta Abogados, Clearwater International, Ribera Salud, MVA Asociados y la propia Osborne Clarke.
El planteamiento busca ante todo poner en valor autopistas de peaje que se vieron obligadas a ir a concurso de acreedores. Para Foro, "antes de licitar un servicio público que ha sido deficitario, debería intentarse solucionar ese déficit de una manera integrada, de tal forma que se eviten los problemas que han conducido a esa situación". Es por ello que frente a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de relicitar este mismo año las carreteras, esta asociación recomienda una espera de dos a tres aproximadamente, de tal manera que en este tiempo se tomen las medidas necesarias para que las autopistas vuelvan a estar en activo. A este respecto, considera conveniente ampliar el trazado de alguna de las vías (fundamentalmente de las radiales), reorganizar y realizar las obras necesarias para facilitar los accesos, configurar un modelo flexible de tarificación dependiendo del uso de vías alternativas y del momento del día y mejorar las actividades de publicidad y marketing dirigidas al usuario final del servicio.
Entretanto, Seittsa, dependiente de Fomento, mantendría la gestión de las autopistas -en la actualidad ocho vías a la espera de que el juez liquide la AP-41 Madrid-Toledo-. Una vez alcanzado ese objetivo, se procedería a la relicitación directa, tal y como planeaba el anterior Ejecutivo.
Ahora bien, Foro Infraestructuras ofrece una alternativa que implica la configuración de una entidad con participación del sector privado. En este caso, se constituiría en un primer momento una sociedad a la que se aportarían las infraestructuras. Esta sociedad podría financiarse para realizar nuevas obras o actuaciones. En un segundo momento se podría dar entrada en esta sociedad a uno o varios socios privados mediante la privatización o licitación de una participación accionarial en la misma. Igualmente podría considerarse salir a bolsa como forma para realizar esa entrada del socio privado, como ocurrió con Aena –en la que asesoró Vicente Conde, uno de los socios de Osborne Clarke que han participado en la propuesta– y con un máximo del 49% del capital, o como complemento a la operación.
Dicha sociedad estaría orientada al mercado, es decir, cumpliría los criterios de Eurostat para no encuadrarse dentro del sector Administraciones Públicas. Se trataría de una corporación pública configurada como productor de mercado, cobrando precios económicamente significativos a los usuarios de las infraestructuras. Asimismo, cubriría, al menos, el 50% de sus costes con sus ingresos durante un periodo sostenido de tiempo. Es un modelo utilizado por las tres sociedades de infraestructuras vascas, Bidegi (Guipúzcoa), Interbiak (Vizcaya) y Arabat (Álava) y que tuvo su antecedente en ENA (Entidad Nacional de Autopistas).
El plan de la organización que preside Pedro Michelena contempla además agregar a las autopistas de peaje quebradas aquellas otras vías de pago que van a revertir al Estado en el corto y medio plazo. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, la AP-2 Zaragoza Mediterráneo y otros dos tramos de la AP-7 entre La Jonquera y Barcelona.
Foro Infraestructuras trasladó su propuesta a Fomento hace unas semanas, pero no tuvo acogida, toda vez que ya estaba tomada la decisión de proceder a la relicitación de las carreteras este año. Con el cambio en el Gobierno se abre una nueva puerta. Así, Michelena, que aboga por que "haya un reflexión sobre el modelo para financiar infraestructuras y no se tomen decisiones precipitadas", solicitará una reunión con el departamento que dirige Ábalos para explicarle estas opciones.