Elecnor, Defex y Canal de Isabel II protagonizan los casos más sonados de las investigaciones por sobornos a autoridades extranjeras por parte de empresas españolas, según recoge el último informe sobre la materia de Transparencia Internacional, que abarca el trienio comprendido entre 2014 a 2017.
El informe de la prestigiosa organización internacional, titulado Exportando corrupción 2018, indica que España, durante el período analizado, ha acometido al menos seis investigaciones, abriendo dos casos y completando uno, de Apyce.
La editorial Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial (Apyce) recibió una condena pionera de la Audienccia Nacional en febrero del año pasado cuando dos de sus directivos aceptaron un año de cárcel y una multa de unos 1.000 euros cada uno por sobornar a un viceministro del régimen de Teodoro Obiang, en Guinea Ecuatorial.
Dos casos
Elecnor se destaca al estar involucrada en dos casos. El primero afecta a la empresa presidida por Jaime Real de Asúa, a Assignia y Rover Alcisa, que formaban una UTE para construir un tranvía en la ciudad argelina de Ouargla. Se adjudicaron el contrato en 2013 -valorado en 230 millones-, pero en 2016 fueron acusadas de soborno, corrupción y blanqueo de dinero, gracias a una red con conexiones políticas y diplomáticas que efectuó pagos de tres millones de euros a autoridades argelinas mediante una sociedad radicada en Holanda. El segundo de los casos se refiere al contrato para gestionar la planta desaladora de Souk Tleta, también en Argelia, investigada desde 2017.
Igualmente con dos investigaciones en curso figura Defex, la firma de exportación de armamento controlada en un 51% por la SEPI, en proceso de liquidación; la primera investigación se centra en Angola y la segunda en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil. Sobre tres ejecutivos pesan acusaciones de administración desleal y apropiación indebida.
Transparencia Internacional recoge igualmente las pesquisas de La Operación Lezo y las actuaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica para adquirir empresas del ciclo integral del agua urbana por un precio superior a su valor real, que se investigan en España, Colombia y Brasil.
Igualmente pueden leerse referencias a sobornos para militares argelinos vinculados a la construcción de una planta de amoniaco participada por Fertiberia, alusiones a las negociaciones de la quebrada Isolux Corsán para conseguir adjudicaciones públicas en África y Latinoamérica, o la sanción de 1,4 millones de dólares que recibió OHL en 2016 por parte de las autoridades mexicanas tras descubrirse unas grabaciones sobre sobornos e invitaciones a lujosos hoteles para responsables públicos.
Transparencia Internacional señala la falta de medios de la fiscalía como el principal obstáculo para que España cumpla con los compromisos adquiridos al firmar las convenciones contra el soborno de la OCDE y la ONU. En los últimos dos años, un equipo de apenas 50 personas de la Unidad Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado han investigado cerca de 700 casos de corrupción doméstica, han participado en más de 250 juicios y son además responsables de perseguir los sobornos cometidos en el extranjero.