Uruguay quiere construir un ferrocarril de 273 kilómetros de longitud que una el puerto de Montevideo con el Paso de los Toros, con tramos dobles, más de 40 puentes, carriles secundarios y otras infraestructuras auxiliares, que es fundamental para que la finlandesa UPM levante una segunda papelera en el país, tras una inversión superior a 1.500 millones, la mayor de su historia.
Para construir el ferrocarril, el país lanzó un concurso internacional a finales del año pasado al que se presentaron tres ofertas, una de Acciona, otra del consorcio Vía Central -capitaneado por las uruguayas Saceem y Berkes, y con participación de la española Sacyr y la francesas Nge- y una tercera de dos firmas chinas, CMEC y SGG.
El consorcio de las dos compañías chinas no presentó las garantías correspondientes, por lo que se descabalgó de la competición, y cuando se abrieron las ofertas técnicas, el pasado 2 de julio, Acciona quedó en primer lugar. Sin embargo, el 31 de julio, tres días antes de la fecha señalada para la apertura de las ofertas económicas, el Ministerio de Transporte decidió excluirle, alegando, con vaguedad, que no su propuesta se ajustaba a todos los términos del pliego de condiciones, tal y como informó elEconomista.
Proceso "poco transparente y arbitrario"
Acciona reaccionó y, tras emitir un duro comunicado en Uruguay denunciando su "estupor" y que el concurso se estaba desarrollando de una forma "poco transparente, arbitraria e injustificada", consiguió que el Ministerio aplazase la apertura de las ofertas económicas al objeto de que la empresa pudiera identificar y solventar las posibles carencias detectadas en su oferta.
Ahora bien, el pasado viernes, el Ministerio ratificó la descalificación de Acciona, argumentando que su subsidiaria en el país -al ciento por ciento- no cuenta con el respaldo acreditado de la matriz en España para financiar el proyecto y que tampoco dispone de experiencia en la construcción de este tipo de proyectos.
Reclamación ya presentada
La empresa presidida por José Manuel Entrecanales, por boca de sus representantes en el país, ha desmentido ambas acusaciones, ha declarado que las acreditaciones que ahora se le exigen no se incluían en el pliego de condiciones y ha comenzado a defenderse por otras vías: ya ha presentado una reclamación por la vía administrativa ante el propio Ministerio de Transportes y estudia acudir a los tribunales nacionales e internacionales, como los de la ONU y el Banco Mundial.
A todo esto, el martes se abrieron los sobres de la oferta técnica, a la que sólo ha llegado la del consorcio Vía Central. Éste -liderado por Saceem, la primera constructora del país- ha propuesto 406.394 dólares diarios. Según ha declarado Acciona a la prensa uruguaya, su oferta económica era un 8,3% más baja, lo que supone un ahorro de 168 millones de dólares en todo el período cubierto por el contrato.
Aunque el consorcio en el que participa Sacyr de forma minoritaria haya ganado, su oferta -con independencia de las actuaciones judiciales de Acciona- aún debe recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la República y superar el escrutinio de una consultora externa contratada para validar todo el proceso.
