El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido procesar a la excúpula de Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores que generó un perjuicio de 80 millones de euros.
Además de Fernández Gayoso, el magistrado incluye en el procedimiento a los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como al director de la oficina principal José Benito Parente y otros seis.
La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla" dadas sus "serias dificultades económicas.
Se habrían simulado contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar
De este modo, se habrían simulado contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar, que recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.
Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia. Como muestra de las profundas irregularidades producidas en las distintas operaciones de financiación, el juez hace constar que en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario, se entregaron en garantía, fincas valoradas en 2005 por Tasagalicia en 133 millones. Su valor real en 2010 era de 2.5 millones de euros, es decir, se tasaron en 190 veces su valor real.
El juez considera que los exdirectivos de Caixanova "diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración".
De la Mata concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme SA por su estrecha relación con la Caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban".
