La industria española del motor se ha rebelado en bloque contra la demonización de los vehículos diésel que estos días propugna el Gobierno. Todos a una, las asociaciones empresariales del sector aluden a media docena de efectos directos y colaterales.
Entre ellos sobresale como la pérdida de más de 40.000 empleos, la incertidumbre en 17 plantas del país que producen más de 1,2 millones vehículos de esta tecnología, el hundimiento de las ventas de los vehículos de gasoil, así como el desplome de la exportaciones de estos automóviles, el encarecimiento del precio de este carburante y el impacto generalizado sobre el cambio climático.
La reacción soliviantada del sector tiene su origen en las declaraciones de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien el pasado miércoles vaticinó "que el diésel tenía los días contados" en España y que su "impacto" en la calidad del aire "es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida".
Tras esas manifestaciones, la principales asociaciones de la automoción han activado la señal de alarma. Todas ellas se muestran convencidas de que el juicio de valor de Ribera dañará a unos vehículos que emiten hasta cien veces menos NOx y partículas desde que entró en vigor la normativa de motores Euro para los diésel en 1992.
La mismas declaraciones de la representante del Gobierno también prometen condicionar de forma extraordinaria las compras de automóviles en el futuro. "La persona que estos día vaya a un concesionario a comprar un coche diésel probablemente cambiará de opinión al instante tras escuchar a la ministra", indican fuentes del sector a elEconomista.
"La sustitución de los vehículos diésel por los de gasolina no es tan fácil como encender o apagar un botón".
Esta sacudida al sector del diésel prevé acelerar una trayectoria bajista que se percibe desde hace años. De hecho, las matriculaciones de diésel representan ahora el 37% del total, frente al 75% que sumaban hace dos años. Por su parte, fuentes de los fabricantes lamentan la "frivolidad" de unas declaraciones tras recordar que "la sustitución de los vehículos diésel por los de gasolina no es tan fácil como encender o apagar un botón".
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), alertó ayer de las graves consecuencias que suponen los inmediatos vetos a la producción de los vehículos diésel en el empleo, la industria y el medio ambiente al cifrar en los referidos 40.000 puestos de trabajo los que a partir de ahora estarían en riesgo de desaparecer con el fin acelerado de la producción de esos vehículos.
"La incertidumbre solo puede provocar que perdamos oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos y con ello, que nuestra industria se debilite gravemente.", afirmó el presidente de Anfac, José Vicente de Los Mozos.
Entre los argumentos esgrimidos por Anfac sobre la petición de una "transición ordenada y una gestión adecuada de los cambios", pese a que los fabricantes ya están preparados para adaptarse a las políticas medioambientales y sociales.
La condena a muerte del diésel también ha afectado al precio medio de este carburante con un alza del 4,58% por litro en lo que va de semana. Este incremento reduce la brecha con el precio de la gasolina, que también se ha encarecido, aunque de forma más contenida (+1,97%).
Las declaraciones son "inaceptables" y "arriesgadas"; sólo crean "incertidumbre" y "alarmismo", dicen los sindicatos
La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión de Trabajadores (UGT Fica) también recriminó a Ribera su condena al diésel tras indicar que sus declaraciones son "inaceptables" y "arriesgadas", pues lo único que consiguen es crear "incertidumbre" y "alarmismo" en el sector automovilístico.
Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, se reunió ayer con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo y con Xiana Margarida Méndez, secretaria de Estado de Comercio, para transmitir las inquietudes del sector.
En dicha reunión, la ministra reiteró su apoyo a la industria de la automoción en España con el objetivo de atraer más inversiones a las fábricas. Además, el representante de la asociación trasladó a Maroto la intención de abordar una transición ordenada hacia una movilidad cero y bajas emisiones, la urgencia de una nueva fiscalidad y ayudas a la inversión en fábricas, entre otras grandes cuestiones.
