La Audiencia Nacional ha suspendido hoy sine die el juicio por las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que las acusaciones particulares se hayan retirado. Consideran resarcido el daño después de que el Banco Sabadell, que compró la caja alicantina por un euro, les ofreciera la recompra de acciones de la entidad.
Así las cosas, la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, ha solicitado que se aplique la doctrina Botín, que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De ser así se evitaría la que sería la segunda vista oral en estas dependencias contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós.
El letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se han retirado en calidad de acusación particular puesto que la mayoría de sus representados se acogieron a este plan propuesto por el Sabadell, y por tanto, carece de sentido acusar por delito de estafa a los dos exdirectivos de la CAM en tanto este tipo penal requiere que se produzca un perjuicio. Adicae se mantiene como acusación popular.
Ambos exbanqueros se enfrentaban a diez años de cárcel cada uno por los delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de deuda subordinada y de preferentes emitidas en el año 2009, pero al final ha quedado en nada. Se trataba de la segunda vez en la que los dos se sentaban en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional después de que el año pasado fueran juzgados y condenados a tres años de cárcel por el falseo de las cuentas de la caja en 2010 y 2011.
Tres emisiones de preferentes
La CAM realizó tres emisiones de participaciones preferentes: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.
Durante la comercialización de las preferentes serie C a un total de 5.540 clientes, les colocaron productos menos beneficiosos por un importe global de 76,32 millones de euros, rezan las acusaciones, que apuntan directamente a López Abad y Amorós como los encargados de ordenar a los empleados de todas las oficinas que colocara una parte de estos productos menos beneficiosos a los preferentistas "con la excusa de diversificar la gestión".
El pasado mes de enero, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela abrió juicio oral contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.
No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones la magistrada al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.
La CNMV dio la voz de alarma
En lo que respecta al producto de las preferentes, la División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en su comercialización que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, que recoge que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
"La alta confianza que ofrecía en los clientes el crédito irreputacional que las cajas habían acumulado durante el siglo XX y que, como hemos conocido, han dilapidado en los pocos años de vida de este siglo, permiten comprenden la facilidad con la que aquellos 'plazos fijos' fueron convertidos en preferentes cuando las necesidades de capital se revelaron acuciantes", reza el escrito de una de las acusaciones.
Se refieren los denunciantes a la mala situación financiera que atravesaba entonces la caja extinta. De hecho, en marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
Doctrina Botín
La llamada doctrina Botín fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; posteriormente fue corregida por el propio Supremo con la denominada doctrina Atutxa, que establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa, con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
Además de las acusaciones particulares y la Fiscalía, también los abogados defensores de López Abad, Amorós, Banco Sabadell -que figuraba como responsable civil subsidiario- y la aseguradora Caser se han pronunciado a favor del sobreseimiento.
