El déficit anual que acumulan las comunidades autónomas con la asistencia sanitaria ascendería a 7.500 millones de euros si el Gobierno finalmente aprueba tal como ha anunciado su reforma de la Sanidad. Un agujero en las cuentas que los barones autonómicos no parecen dispuestos a asumir, por lo que la medida estrella del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede quedar más en un maquillaje que en un cambio radical. Las dos medidas anunciadas por el Gobierno en esta materia, tanto la de instaurar la llamada Sanidad universal -lo que en su expresión máxima sería volver a dar asistencia sanitaria gratuita a todos los extranjeros- como la posibilidad de eliminar el copago a los pensionistas, tiene un coste aproximado para las regiones de unos 1.500 millones de euros. Esta cantidad se uniría al déficit anual que arrastran los Ejecutivos autonómicos con la atención sanitaria, que cada año suele rondar los 6.000 millones de euros.
Y es que desde la transferencia de las competencias sanitarias en 2001 e incluso durante la gestión del Insalud, los presupuestos sanitarios nunca han reflejado la realidad del gasto que deben afrontar cada año las autonomías. Esta ha sido la regla desde entonces, que ni el control de las cuentas llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda durante los dos últimos años ha logrado alterar.
Con los datos de gasto sanitario del Ministerio de Sanidad, cuya último año auditado es de 2015, las comunidades autónomas gastaron solo ese año 6.140 millones de euros más que lo presupuestado, lo que supuso hasta un 11% de déficit entre lo presupuestado y lo realmente gastado. Esta cifra se pone a cero cada año, ya que luego es maquillada con los mecanismos del Ministerio de Hacienda. La suma del gasto sanitario autonómico siempre ha superado lo presupuestado entre 2010-2015 y en total en esos cinco años ascendió a 25.614 millones de euros. Solo Cataluña en este periodo de tiempo presenta un desfase en sus cuentas de Sanidad de 5.564 millones de euros, mientras que Murcia y Comunidad Valenciana arrojan diferencias superiores al 10% en todos los años de la serie. El País Vasco es la única comunidad que gastó menos de lo que presupuestó (-56 millones de euros) en el acumulado de esta serie, según se pone de manifiesto en un informe elaborado por la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en 2017. Porcentualmente, hay dos comunidades autónomas que acumulan algo más del 40% de los 25.614 millones de euros de desfase en el gasto sanitario entre los años 2010 y 2015: Cataluña y Comunidad Valencia. La primera es responsable del 21,7% de este déficit total, mientras que a la Comunidad Valenciana -donde la Sanidad ha estado dirigida los últimos tres años por la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón-, le corresponde el 20,4% del total de las comunidades. Madrid, con 3.400 millones y el 13%; y Murcia, con 2.200 millones y el 9% del total, son las otras dos autonomías con mayor desfase anual en sus cuentas sanitarias.
Aviso del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ya ha criticado en varias ocasiones duramente que el presupuesto de las comunidades autónomas no obedece luego al gasto real, "y eso puede poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", advertía el organismo. En la misma línea se manifiestan los expertos del panel de Funcas a la hora de analizar las cuentas sanitarias. "Poner el contador a cero de la deuda ha sido el mecanismo utilizado por el Estado desde 2002, cuando se transfirieron las competencias sanitarias al conjunto de las regiones, para resolver los problemas de financiación de la sanidad. Un instrumento al que ya no se puede recurrir, una vez que el gasto público en sanidad está constreñido por el orden fiscal europeo de estabilidad y crecimiento", advierte Félix Lobo, catedrático de Economía, en el libro de Funcas La economía, la innovación y el futuro del Sistema Nacional de Salud en España. Y es que desde los años 80, el sistema sanitario público ha gastado más que lo establecido en el presupuesto, contribuyendo al déficit público de manera notable, recuerda Lobo. Aún en los años de bonanza económica había deuda sanitaria por valor de 5.574 millones de euros, según datos de la Intervención General del Estado para 2005. Un montante que se incrementó hasta los 16.000 millones de euros de 2011 en facturas de proveedores cuyo pago se retrasa o se guarda en los cajones.
Prioridad a las listas de espera
En este contexto, los principales proveedores del sector sanitario están instando al Gobierno a que tome la iniciativa para promover de nuevo un pacto político que permita asegurar la viabilidad de un Sistema Nacional de Salud, seriamente cuestionado por el deterioro de las listas de espera y en absoluto preparado para incorporar la ola de innovaciones terapéuticas que se lanzará en los próximos cinco años. Uno de los resultados más visibles de la falta de financiación y del déficit de planificación que adolece el sistema público es que cada año son más los ciudadanos que le están dando la espalda para contratar un seguro privado de salud. España registró así un máximo histórico el año pasado al superar los diez millones de asegurados en el sector privado, el 22% de la población, cuando los políticos presumen de disponer de un sistema público, universal y financiado a través de los impuestos generales. La patronal Farmaindustria también apunta que hay que allegar más recursos, ya que el SNS presenta un déficit financiero estructural superior a los 10.000 millones de euros (alrededor de un punto del PIB), que permitirían ajustar los presupuestos sanitarios a la realidad del gasto.
Otra de las propuestas encima de la mesa es la de acabar con las listas de espera en la sanidad pública, quizás el mayor problema que sufren lo españoles con su atención sanitaria. Llama la atención que el plan propuesto por los hospitales privados para poner a cero esta lista cueste lo mismo que las dos medidas anunciadas ahora por el Gobierno: 1.500 millones de euros. Según la propuesta de la Fundación Idis, la organización que representa a las principales compañías de la sanidad privada en España, 450 millones de esta cantidad retornarían a las administraciones vía impuestos. Para la puesta en marcha del plan, que posibilitaría dejar a cero las listas de espera quirúrgicas, las clínicas a disposición de la Sanidad todo su potencial asistencial representado, más de 2.000 quirófanos y cerca de 100.000 profesionales sanitarios de sus 452 hospitales repartidos por toda España.
