El Gobierno está dispuesto a tomar medidas ante la guerra interna en la cúpula de la SGAE. Tras las destituciones el 9 de marzo del director económico-financiero Gerardo Rodríguez y el lunes de la semana pasada del director general, Luis Felipe Palacios, Cultura ha dado un ultimátum a la entidad para que le entregue antes del próximo viernes las actas de las juntas directivas, explicando además al detalle qué es lo que ha ocurrido.
En el caso de que no hubiera respuesta, y según explican desde el Ministerio, la SGAE podría ser sancionada hasta con el 1% de su facturación, lo que equivale a 2,7 millones de euros. La legislación contempla, no obstante, que al margen de la apertura de un expediente sancionador la SGAE podría enfrentarse también tanto a una intevención, algo que el Gobierno considera muy complicado en este momento, y que podría perjudicar a los más de 80.000 autores que intengran la sociedad, como a la revocación de la autorización para la gestión de los derechos.
El director económico-financiero fue destuido tras una junta directiva por el director general ante una pérdida de confianza y a pesar de que se trataba de un directivo muy próximo al presidente, José Miguel Fernández-Sastrón. Eso fue lo que motivo que éste convocara hace una semana una junta extraordinaria, con un único punto en el orden del día, la destitución de Palacios, que logró sacar adelante por un solo voto.
La entidad aseguró en un comunicado que la destitución del director general obedecía a "la disparidad de visiones que los miembros de la Junta mantenían en los últimos meses en cuanto a la forma de abordar los retos a los que se enfrenta la SGAE, así como por la falta de viabilidad de algunas de las medidas estratégicas sugeridas para implantarse en el futuro".
El problema, no obstante, es que ese mismo comunicado añadió también que "estas circunstancias se han visto agravadas por serias discrepancias en cuanto a algunos criterios contables de los que los máximos órganos de gobierno no han sido suficientemente informados por parte del director general".
En el Gobierno aseguran que se han enterado de estas supuestas discrepancias por los medios de comunicación, por lo que han decidido tomar medidas. Según fuentes internas de la SGAE consultadas por este periódico, la entidad acusó en concreto al director general de haber utilizado de forma inadecuada para la gestión interna 10 millones de euros que, en realidad, corresponderían a derechos de autor pendientes de reparto.
Fuentes de la SGAE niegan sin embargo que exista un problema con Cultura e insisten en que "las actas se envían en la siguiente reunión del órgano de Gobierno e inmediatamente reciben los acuerdos".
De fondo, planea además la amenaza de una intervención judicial, solicitada por la Policía al entender que la gestión está controlada por la supuesta trama corrupta de La Rueda y el fraude con la música emitida de madrugada en televisión.
Bajan las tarifas por la música a los bares
La SGAE ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Hostelería (FEHR) para reducir la tarifa por la utilización de música con derechos de autor a aquellos locales que abran al público entre uno y tres días a la semana. Esta es una de las novedades que incorpora el nuevo convenio y marco tarifario entre ambas entidades, un acuerdo que permite una clarificación de las condiciones que rigen el uso de la propiedad intelectual en la hostelería.
