La Audiencia Nacional ha implicado al presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, en el caso de La Rueda, un presunto fraude de más de 100 millones de euros en derechos de autor por la música emitida de madrugada en las cadenas de televisión. En un auto del pasado mes de febrero que figura en el sumario del caso, y al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado Ismael Moreno, titular del juzgado de Instrucción número dos, detalla que Fernández Sastrón figura entre los investigados y concluye, en este sentido, que "forma parte" del entramado, aunque sin tomar por el momento ningún tipo de medida contra él.
En el auto, por el que se confirma el bloqueo de las cuentas e intervención de vehículos de algunos de los investigados, el magistrado detalla que las actuaciones irregulares "consisten en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si de obras nuevas se tratase" para cobrar por ellas. Y todo ello "en connivencia con trabajadores de productores de televisión mediante el abono de comisiones (...) con cesión de los derechos de autor a familiares, cónyuges o hijos o creando sociedades para evitar ser detectados".
Beneficio político
El juez detalla que al margen del beneficio económico que se deriva de esta actuación, "hay un beneficio político toda vez que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención de las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así tener poder de decisión en la Junta y perpetuar el sistema de reparto que permite el fraude". En la práctica, y según llevan tiempo denunciando numerosos autores, esto supondría que, gracias a La Rueda, Fernández Sastrón podría mantener el control total de la entidad.
Esta no es, sin embargo, la primera vez que el juez ha implicado a Fernández Sastrón. En un auto del 26 de julio del año pasado su nombre ya figuraba como uno de los implicados, lo que motivó que la SGAE presentara un escrito al juez tan solo dos días después para solicitar su eliminación de la lista de personas investigadas. "Entendiendo que se trata de un error material, solicito que se subsane dicho auto suprimiendo su nombre por los posibles perjuicios que le pudieran causar", decía entonces la procuradora Rocío Blanco Martínez, que en representación de la SGAE certificaba además que Fernández Sastrón es presidente de la entidad desde el 20 de abril de 2016.
El problema del directivo es que en una diligencia dictada el pasado 5 de septiembre el juez Moreno es contundente en su respuesta y asegura que "a la vista del contenido" del escrito, "no ha lugar a la rectificación de la resolución de este juzgado, toda vez que no se aprecia error material en los antecedentes de hecho". Es decir, que confirma la implicación del presidente de la SGAE, tal y como ha vuelto a hacer de nuevo ahora.
El juez apunta de hecho a Fernández Sastrón a raíz de una investigación policial, por la que se le imputa un delito de administración desleal. En su informe, la Policía asegura que "son numerosas las referencias hacia su persona por parte de los investigados, aludiendo que La Rueda, con sus votos, han sido las personas que lo han llevado hasta la presidencia".
Tras las oportunas comprobaciones, la Policía explica que "José Miguel Fernández Sastrón ha tenido capacidad para impulsar la investigación interna de la SGAE de una manera más activa, y no justificando cada uno de los actos irregulares que se planteaban en las reuniones de los grupos de trabajo". Fernández Sastrón habría cobrado por su labor como consejero de la SGAE como por los ingresos de sus actividades un total de 530.938 euros entre 2005 y 2014. La Policía, sin embargo, detalla que, hasta el momento, "no se ha tenido constancia de qué obras han sido registradas" por él, por lo que se planteará un peritaje.
elEconomista ha tenido acceso al acta de la declaración como investigado de Fernández Sastrón en las dependencias de la Unidad Central de Delincuencia Especializada el 22 de junio de 2017 en las que se negó sin embargo a hacer ningún comentario y mostró tan solo su "deseo de prestar declaración ante la Autoridad Judicial (...), quedando a disposición tanto del juzgado instructor como de la Policía".
Una estafa millonaria
El caso de La Rueda estalló el pasado mes de junio de 2017 con una operación policial ordenada por el juez Ismael Moreno para acabar con un entramado que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, creaba "música de baja calidad" y registraba "falsos arreglos" sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales, son "los socios, autores y editores". Sin embargo, las sospechas ya estaban sobre la mesa de la SGAE mucho antes. En 2013 fue la propia entidad la que realizó una investigación, a propuesta del entonces presidente Antón Reixa, sobre los sospechosos ingresos de 11 socios vinculados a las televisiones. La sociedad llegó a abrir expediente a los 11, pero la salida de Reixa de la entidad paralizó la investigación.
La red mundial estudia expulsar a la entidad
La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), la primera red mundial de derechos de autor, ha pedido a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que se retire de su Consejo durante la investigación que ha abierto a la entidad española tras las quejas de la Confederación Internacional de Editores de Música (IMCP) por las dudas en su conducta y gestión. Hay que recordar que la SGAE decidió retirar a las multinacionales editoras del Consejo de Dirección tras una sentencia en la que se ponía en duda esta representación por el reparto de derechos sin identificar. La entidad mundial quiere evitar "cualquier conflicto de interés" mientras dure la investigación, asegura.
