El Ministerio de Hacienda ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la economía tradicional ante la creciente competencia de las plataformas online, al asegurar, vía Boletín Oficial del Estado (BOE), que va hacer todo lo posible para que los nuevos actores paguen todos los impuestos y no tengan ventajas competitivas indebidas en sus estructuras de costes, como, por ejemplo, los laborales.
Así, entre los retos que el Gobierno debe enfrentar para que "el sistema tributario se aplique con equidad", independiente de si se trabaja a través de Internet o de una vía física, el Ministerio de Hacienda ha hecho especial hincapié en que la necesidad de "evitar las prácticas discriminatorias" que pueden suponer las nuevas relaciones laborales que han surgido tras el auge de las plataformas digitales de envío o de transporte frente a los sistemas tradicionales de trabajo.
Hacienda pone así el foco en estas nuevas compañías, cuyo implantación se está extendiendo y poniendo en riesgo la continuidad de los sectores tradicionales, que han acusado a estas firmas de "competencia desleal", porque no están obligados a cumplir la misma normativa que ellos. De este modo, Hacienda asegura que "es necesario disponer de las herramientas y la información que permitan evitar esas prácticas contra las formas de trabajo estables, en las que el trabajador goza de la debida protección, y asegurar una tributación equitativa", recoge el texto del BOE.
"La investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica, especialmente en comercio electrónico, constituye una prioridad para la Agencia Tributaria", asegura el ministerio que dirige Montoro, en las directrices del Plan de Control Tributario de 2018.
Aunque estas empresas -como Cabify, Uber, Deliveroo o Glovo- mantienen que no tienen una relación laboral con los conductores o repartidores, que están dados de alta en la seguridad social como autónomos, esta relación ha sido ya puesta en duda por la Inspección de Trabajo, tras las denuncias de los propios empleados de Deliveroo, que exigen "los derechos de cualquier trabajador".
La relación que este tipo de compañías tienen con el personal que prestan los servicios es comercial: firman un contrato mercantil con un autónomo y hacen las veces de intermediario entre el demandante del servicio, como el usuario que pide un coche para ir de un sitio a otro, y el prestador, que en este supuesto sería el conductor que va a realizar el trayecto. En el caso de Cabify, que impide a sus conductores trabajar con Uber, la firma cobra el servicio y luego ingresa su parte a los conductores. Algo similar a lo que pasa con Deliveroo, que los trabajadores tienen que estar a disposición de la plataforma y ésta gestiona los pagos.
Aunque las competencias en esta materia laboral corresponden al Ministerio de Trabajo, el documento, publicado este martes en el BOE, sostiene que el sistema tributario debe aplicarse "con equidad", con independencia de la forma de trabajo elegida por los contribuyentes "en un mundo en el que la tecnología cambia con rapidez".
Los técnicos advierten, no obstante, que "no es labor de la Agencia Tributaria reducir las discriminaciones entre el sector tradicional y el digital o vigilar si algún autónomo en realidad debería ser considerado autónomos". En cambio, sí que se va a trabajar "para velar porque todos los agentes económicos cumplan sus obligaciones tributarias".
"Se busca, sobre todo, que no tengan ventajas competitivas. Son actividades que tienen unos cauces no tradicionales para realizar su actividad y se trata de que sepan que están bajo el mismo control que el resto de los actores que participan en la economía", aseguran fuentes cercanas a la Agencia Tributaria.
En este punto, algunas fuentes del sector ponen como ejemplo que estas firmas puedan tener una mayor responsabilidad sobre el autónomo que realiza su servicio a la hora de desvincularse de él, tal y como pasa en las empresas tradicionales que tienen que pagar una indemnización cuando despiden. El ministerio que dirige Montoro también ha puesto la lupa sobre plataformas como Airbnb, que se dedican a intermediar en el alquiler de viviendas.
El departamento va a instaurar las Obligaciones Informativas para asegurarse de que este tipo de plataformas den datos económicos de los dueños de los pisos y asi vigilar que tributen bien.
Por otra parte, Hacienda también centrará este año sus esfuerzos en evitar el fraude en las plataformas de comercio electrónico, que han experimentado un auge en los últimos años. "La investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica, especialmente en comercio electrónico, sigue constituyendo una prioridad para la Agencia Tributaria", señala el informe.
De este modo, desde el Ministerio de Hacienda aseguran que "es preciso garantizar que su tributación es la adecuada y que su actividad no distorsiona los precios en perjuicio del comerciante establecido en España, por lo que se analizará éste mercado, definiendo sus riesgos y controlando su actividad".
A juicio por los falsos autónomos
A Deliveroo se le acumulan los problemas. Después de que la Inspección de Trabajo dictaminara en Valencia que sus repartidores -'riders', en el argot de la compañía- eran en realidad falsos autónomos que deberían gozar de una relación laboral por contrato, la empresa se enfrenta ahora a un juicio por el mismo motivo en Barcelona, que puede marcar de forma definitiva su futuro. Los denunciantes son una docena de autónomos que exigen los derechos de cualquier trabajador.
