Madrid, 19 oct (EFECOM).- El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acordó hoy pedir información adicional a la constructora Acciona sobre su entrada en el capital de Endesa, la mayor eléctrica española, según fuentes del organismo regulador consultadas por EFE.
Por otro lado, el Consejo de la CNE admitió la personación de Iberdrola como parte interesada en el expediente abierto por la entrada de ACS en su accionariado, una decisión habitual tratándose de una empresa directamente afectada.
Tanto Acciona como ACS habían pedido permiso al organismo regulador para elevar sus participaciones en Endesa e Iberdrola por encima del 10 por ciento actual.
Además, la constructora presidida por Florentino Pérez había solicitado que no se limitaran al 3 por ciento sus derechos políticos en Iberdrola.
En el caso de la entrada de Acciona en Endesa, el Consejo de la CNE analizó hoy la documentación enviada hasta ahora por la constructora de la familia Entrecanales y decidió pedir información adicional.
En este expediente, la CNE había denegado ya la personación de E.ON como parte interesada, al entender que no tiene negocios conjuntos con Endesa y que la opa lanzada sobre la primera eléctrica española aún no ha sido ejecutada.
Según fuentes del grupo alemán, E.ON no descarta la presentación de un recurso ante el Ministerio de Industria.
En cuanto a la compra del 10 por ciento de Iberdrola por ACS, el Consejo de la CNE admitió hoy la personación como parte interesada de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, una decisión habitual que, según las fuentes consultadas, se toma de oficio cuando la solicitud parte de empresas directamente afectadas.
El Real Decreto-Ley 4/2006, aprobado el pasado mes de febrero, establece que la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento del capital de una empresa con actividades reguladas o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa".
Por otro lado, el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000 impide que una sociedad ejerza derechos políticos superiores al 3 por ciento en dos empresas consideradas operadores principales del sector energético. EFECOM
mam/jlm
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