El goteo de empresas que se van de Cataluña ya ha superado la barrera de las 800, de acuerdo con datos de los Registradores. Concretamente, hasta el pasado día 17 de octubre, un total de 805 compañías han optado por mover su sede social para huir de la inseguridad jurídica que genera la situación política.
Una de las últimas que ha hecho las maletas ha sido Zurich. Tal como adelantó elEconomista, el grupo asegurador ya lo contemplaba como un posible escenario.
Ayer lo convirtió en una realidad a través de un comunicado, en el que explicaba que había tomado la decisión de cambiar el domicilio de su sucursal a Madrid "por motivos de seguridad jurídica". La compañía especificó que el traslado "no supone ningún cambio en el modelo de negocio y actividad actual de Zurich en España, y los centros de trabajo actuales en Cataluña seguirán operando con normalidad". No obstante, el movimiento es significativo y simbólico, ya que la aseguradora abrió en Barcelona su primera oficina en España y se implementó en la Ciudad Condal hace más de un siglo, en 1884.
Tras los pasos de otras empresas
Zurich es la primera gran compañía suiza que se traslada fuera de Barcelona desde que comenzó la fuga, pero no la primera aseguradora: Axa movió dos de sus filiales la semana pasada a Bilbao.
Las empresas financieras han sido muy activas en cuanto a traslados; dado que su grado de inseguridad jurídica es más elevada, ante la necesitadad de que no se cree en el mercado miedo al impacto que una hipotética independencia podría tener sobre su operatividad dentro de la zona euro -las autoridades europeas ya han advertido de que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea en caso de independencia-.
Además de Banco Sabadell, CaixaBank o Mediolanum, también ha dejado Cataluña todo el sector de gestión de fondos de inversión y Catalana Occidente. Aunque los traslados, por el momento, no están repercutiendo en el empleo, los sindicatos comienzan a mostrar preocupación. El miércoles, CCOO en Cataluña pidió al Gobierno español, al catalán y a las patronales empresariales que tomaran las medidas que fueran necesarias para no crear más inseguridad y poner en riesgo puestos de trabajo. Insistieron en que era necesario evitar la parálisis económica y que las deslocalizaciones acabaran en despidos.
Por su parte, el Gobierno catalán continúa arremetiendo con el español, al que acusa de haber incentivado los cambios de sede a través del decreto que facilita la movilidad a otro municipio sin tener que someterlo a junta de accionistas.
