Madrid, 16 oct (EFECOM).- El juez Baltasar Garzón ha pedido al fiscal que informe sobre una querella presentada por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros 21 ejecutivos por haber cometido presuntamente 10 delitos por un montante superior a los 8.047 millones de euros.
El auto del juez Garzón, al que ha tenido hoy acceso EFE, indica que los hechos citados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal", cree "procedente" el inicio de "diligencias previas" y pide al Ministerio Público que informe sobre "competencia y alcance delictivos de los hechos".
La demanda de 189 páginas, que todavía no ha sido admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, denuncia que los ejecutivos del Banco Santander y Banesto, junto al ex gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, "se aprovecharon ilícitamente" de la intervención de Banesto por parte del Banco de España.
Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto, acusa a los 22 ejecutivos de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.
Entre los ejecutivos citados por el ex consejero de Banesto en la época de Mario Conde, se encuentran, entre otros, la actual presidenta de Banesto, Ana Patrica Botín, el accionista mayoritario de Bankinter Jaime Botín y el consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáinz.
Hasta llegar a los 8.047 millones de euros (1,33 billones de pesetas) cifrados en la querella, el delito de malversación de caudales públicos supone más de 327.000 millones de pesetas (1.965,3 millones de euros), mientras que la apropiación indebida llega a 750.000 millones (4.507,6 millones de euros) y el delito tributario supera los 262.000 millones de pesetas (1.574,6 millones de euros).
A juicio del demandante, "se trata de cuestiones de excepcional gravedad cuya exposición se fundamenta tanto en numerosos documentos elaborados por las propias entidades afectadas como en antecedentes de diversa naturaleza que constan en oficinas y registros públicos".
Ahora, Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, deberá decidir sobre el futuro de esta querella, que llegó a sus manos por turno de reparto.EFECOM
dsp/mdo
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