Empresas y finanzas

La Unión Europea recibe 51 demandas por el rescate de Banco Popular

  • Las autoridades comunitarias se enfrentan a uno de sus mayores retos

Los inversores han puesto 51 demandas contra los reguladores de la Unión Europea por la resolución del Popular, lo que supone uno de los mayores desafíos legales para las autoridades y un nuevo ataque contra la normativa sobre rescates bancarios.

El aluvión de casos, enviados al Tribunal General de la UE, es el primer test legal sobre cómo se aplican estas reglas y se evita la inyección de ayudas públicas.

Las autoridades europeas intervinieron en junio en el Popular y lo vendieron al Santander por un euro al Santander, después de que la Junta Única de Resolución del BCE determinase su falta de viabilidad por una falta de liquidez y por escasa solvencia

La medida provocó que los accionistas del banco y los tenedores de deuda subordinada y convertible en capital perdieran de la noche a la mañana toda su inversión tras aplicar la nueva legislación.

Las demandas ante el Tribunal General de la UE antes de la fecha límite del 17 de agosto contra la Junta Única del BCE, y en algunos casos contra la propia Comisión Europea, suponen el mayor número de acciones legales tomadas ante el tribunal contra una única decisión de las autoridades comunitarias, informa Reuters.

Entre los demandantes hay grandes fondos de inversión internacionales, como Algebris y Anchorage Capital, fondos de pensiones españoles, grupos de defensa de los consumidores, bancos cooperativos italianos e inversores mexicanos (la familia de Antonio del Valle), según la información pública.

No hay un plazo límite para que el tribunal emita su veredicto, en un proceso que lleva de media dieciocho meses, según las estadísticas del tribunal, que ya ha comenzado a admitir a trámite los recursos que reclaman la anulación de las medidas adoptadas y el resarcimiento a los afectados.

Las demandas se producen en un momento en el que hay conversaciones para revisar en parte la normativa de rescates bancarios de la UE, a menos de dos años de su introducción. Los Estados de la UE estudian medidas que les permitirían evitar temporalmente que los clientes retiren dinero de sus cuentas cuando un banco afronta dificultades.

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