El enfrentamiento familiar en Eulen se reaviva con la empresa envuelta en la polémica por la huelga de sus trabajadores de seguridad en el aeropuerto de El Prat, lo que ha forzado la intervención de la Guardia Civil. Aunque evitan pronunciarse sobre los paros y el fracaso de la negociación abierta a principios de mes, cinco de los hijos de David Álvarez, el fundador del grupo ya fallecido, sí que critican abiertamente la forma en la que su hermana María José está gestionando las empresas en calidad de presidenta y administradora única de la misma, como propietaria del 59,14% del capital. No en vano, fuentes sindicales informan de que el conflicto con la plantilla de El Prat se agravó porque en un principio no se quiso escuchar a los trabajadores y, a su vez, denuncian "despidos injustificados" en la última semana, que les ha dado motivos para preparar otra huelga en el aeropuerto catalán, desafiando así el arbitraje impuesto por Fomento.
Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo, que controlan el 40,8% restante a través de la sociedad El Enebro, la propietaria de las bodegas Vega Sicilia, critican los exiguos resultados presentados por el grupo en la última junta de accionistas, con un margen de beneficio sobre ventas de apenas un 0,9%, y se preparan para plantar batalla tras el verano.
Reclamaciones
Fuentes del entorno familiar insisten en que "se volverá a reclamar la creación de un consejo de administración y una gestión profesionalizada", lo que significaría apartar a María José Álvarez como primera ejecutiva y nombrar a un consejero delegado con plenos poderes.
Y es que, aunque el pasado mes de febrero Eulen nombró como director general ejecutivo a Juan Ramón Pérez Sancho, la máxima responsable de la compañía sigue siendo María José Álvarez que, según denuncian las fuentes consultadas, "acabará llevando la empresa a la ruina". En su opinión, "no tiene sentido que un grupo que facturó el año pasado 1.517 millones de euros (un 3,54% más que en 2015) tenga un beneficio de tan sólo 14 millones de euros". En el ejercicio 2015, la firma ganó 8,4 millones.
Los cinco hijos de David Álvarez, que han llegado a plantear incluso quedar fuera del nuevo consejo para facilitar su creación, interpusieron a comienzos de año una demanda contra el albacea partidor de la herencia de su padre, Carlos Rodríguez Quiroga, por considerar que podía incurrir en falta de parcialidad y conflicto de intereses al ser el socio director del despacho de abogados que asesora al grupo y a su propia hermana María José. Los hermanos reclamaron que Rodríguez Quiroga se abstuviera de llevar a cabo el reparto, pero este se produjo finalmente el pasado mes de junio, quedando la presidenta ratificada como heredera universal.
"Queda así cumplida la última voluntad del fallecido Don David Álvarez, de que la continuadora de su proyecto empresarial fuera su hija María José", dijo Eulen en un comunicado el pasado mes de junio. Pero el resto de su familia se resiste a aceptarlo y estudia ya todas las medidas legales a su alcance. Desde Eulen declinan, sin embargo, hacer ningún tipo de comentario ni pronunciarse sobre si es posible en un futuro la creación del consejo de administración que reclaman los hermanos Álvarez.
Y es que la gran prioridad para el grupo pasa por resolver los problemas de su negocio de seguridad, que arrastra pérdidas continuas desde 2010 -suma números rojos de casi 17 millones netos- y sigue bajo la amenaza de huelga. La división se hizo con el control de los filtros de seguridad de El Prat en junio de 2016 por 23,14 millones de euros (15,5 millones de euros al año) tras presentar una rebaja del 2%. A su vez, en julio de este año, Aena le amplió la dotación presupuestaria en 425.000 euros para que reforzara el servicio. Aunque fuentes cercanas al gestor aseguran que Eulen reforzó el dispositivo de seguridad, desde el Comité de Huelga se criticó la falta de personal y el hecho de que la firma no cubriera las bajas, que superan las 40.
Las largas colas que se generaron en los primeros días de conflicto llevaron a Aena a abrir dos expedientes sancionadores por incumplimiento de contrato, lo que puede implicar una multa de 300.000 euros. A las sanciones, se sumará el alza salarial y el aumento de plantilla que previsiblemente impondrá el árbitro Marcos Peña en el laudo obligatorio. Unas medidas que dispararán los gastos de la firma, que ya se quejó de que el alza del 18% propuesto por la mediación de la Generalitat era "difícilmente asumible" aunque lo aceptó. El aumento de los gastos de personal lastrará más los resultados de la filial de seguridad de Eulen, que no logra salir de pérdidas a pesar del alza de los ingresos.
Los trabajadores de Eulen en El Prat rechazaron el alza, dando pie al laudo obligatorio. Los sindicatos se reúnen este miércoles con Peña para plantear sus exigencias. A su vez, Eulen se enfrenta a otra negociación en el aeropuerto de A Coruña, donde UGT pide mejoras económicas.
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