La Audiencia Nacional ha obligado a la pública Tragsa a divulgar en su página web las encomiendas de gestión que le encarga directamente la Administración, lo que ha revelado que sólo entre 2014 y 2016 ha ejecutado 3.638 trabajos por un importe de 1.712 millones de euros. El sector privado denuncia que si se hubieran organizado licitaciones, el contribuyente se hubiera ahorrado unos 300 millones.
En octubre de 2015 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió que Tragsa -sociedad dedicada a ejecutar trabajos de carácter ambiental y participada en un 51% por la SEPI- debía publicar los encargos que recibía de las comunidades autónomas, tal y como había pedido la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja). La empresa presidida por Elvira Rodríguez recurrió a la Justicia, pero los jueces fallaron en mayo a favor del Consejo.
Tragsa ya ha comenzado a divulgar en su web todas sus encomiendas de gestión. Hasta ahora, los encargos que recibía del Gobierno central -sobre todo el Ministerio de Agricultura- se podían conocer buceando en el Portal de Transparencia estatal, pero era mucho más difícil, cuando no imposible, conocer los requerimientos de otras administraciones, como las comunidades autónomas, los cabildos insulares, las diputaciones, los consorcios y sociedades estatales...
Sin urgencia ni necesidad
Los datos que está arrojando la web de la firma han sorprendido al sector privado por su volumen. En teoría, la Administración puede encargarle trabajos directamente apelando a la urgencia o la necesidad, pero las empresas consideran que muchos no responden a esos principios, como las obras de restauración paisajística, de regadíos, de vías verdes y caminos rurales, los servicios forestales, etcétera.
Las empresas consideran que las encomiendas directas, sin que medie una licitación, no sólo les hacen competencia desleal -luego se subcontratan con terceros muchos de los encargos-, sino que provoca el dispendio del erario público -Aseja estima en unos 300 millones el sobrecoste provocado desde 2014- y se convierte en un mecanismo para realizar adjudicaciones sin control de los órganos encargados de velar por la trasparencia y la legalidad de la contratación pública. Como adelantó elEconomista, cinco patronales regionales van a denunciar las adjudicaciones a dedo recibidas por Tragsatec, filial de Tragsa.
Tragsa, obviamente, no lo ve así. Fuentes de la compañía subrayan que es un medio propio del Estado y que su misión es prestar servicios a la Administración, con unas tarifas reguladas -el pasado viernes se publicaron en el BOE- y con garantías. E insisten en que muchos de sus trabajos sólo puede hacerlos ella, porque no hay margen comercial -como ocurrió con la limpieza de las costas tras el hundimiento del Prestige- o porque se trata de labores urgentes, como ocurrió con el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña.
