Ibercaja, Unicaja y KutxaBank recibieron ayer un respiro en su ruta contrarreloj para cumplir con los últimos flecos de la ley de cajas. La normativa, alumbrada bajo el empeño de la Troika de acabar con las antiguas interferencias políticas en entidades de ahorros, obliga a las Fundaciones Bancarias -antiguas cajas- a perder el control de los bancos a los que transfirieron su negocio o, de forma alternativa, acumular un gravoso colchón por si tuviesen que socorrerlos.
El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros flexibilizar las condiciones para cumplir con dicha exigencia. El plazo para perder el control accionarial se amplía de cinco a ocho años, prorrogables en otro, se decir, expirará en 2023 y no en 2020 como se reguló inicialmente. Y dos: hasta que el fondo de reserva esté acumulado, la Fundación deberá destinar a su construcción el 30 por ciento del dividendo repartido por su banco y no el 50 anterior.
En la práctica, KutxaBank es la única decidida a mantener una posición mayoritaria, mientras que Ibercaja y Unicaja buscan dar el salto a bolsa para reducirla, algo para lo que baja la presión -Unicaja sí ultima cotizar, pero como vía para devolver los 604 millones en ayudas que en su día recibió su filial EspañaDuero-. El resto de entidades de ahorro han resuelto la situación.
El Gobierno aprobó otras normas financieras. Entre ellas figura el Real Decreto que regula la comisión creada para supervisar cómo operar el mecanismo extrajudicial exprés de los bancos para devolver el dinero cobrado indebidamente por cláusulas suelo hipotecarias opacas. Su cometido será evaluar el grado de cumplimiento y difundir un informe semestral. Al carecer de potestad sancionadora, asociaciones de consumidores como Adicae y Ocu creen que será inefectiva.
Este sistema se monta para evitar un colapso de los juzgados. Pero de forma paralela, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por seis votos frente a dos, volcar 54 juzgados de primera instancia, uno por provincia en la península y otros en las principales islas, en las demandas sobre hipotecas: contra las cláusulas suelo, intereses moratorios, gastos de formalización o préstamos multidivisas.
El Consejo General de la Abogacía se había mostrado disconforme con especializar tribunales por el "coste sobreañadido" para el ciudadano, cuya factura del litigio se verá incrementada con gastos como el traslado a dichas instancias.
La competencia de estos juzgados arrancará con los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio y hasta el 31 de diciembre, con la posibilidad de aplicarse prórrogas en caso preciso e, incluso, de recibir apoyo o refuerzo de otros juzgados y magistrados según el volumen de trabajo recibido, informó Ep y Efe.
Todo este mecanismo se pone en marcha tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo decretando la retroactividad total de las cláusulas suelo. La banca ha instaurado el sistema, pero múltiples quejas resultan denegadas con la defensa de que sus cláusulas son legales porque se comercializaron bien, lo que vuelve a dejar abierta la vía judicial.
