El proceso de compra de Abertis por Atlantia aún tiene muchos cabos sueltos. Al margen de lo que decidan los accionistas del grupo español, con Criteria Caixaholding a la cabeza, el papel del Gobierno se torna igualmente clave.
En Moncloa existe cierto malestar por la falta de información que ha recibido por parte de la compañía italiana tanto antes de anunciar su interés como con posterioridad. Para limar asperezas y vender las bondades de la operación, Giovanni Castellucci, consejero delegado de Atlantia, prevé desplazarse a España en un viaje en el que se reuniría con altos cargos del Ejecutivo español.
Hasta el momento, apenas se han producido dos contactos entre Atlantia y el Ministerio de Fomento. La visita de Castellucci aún no tiene fecha prevista, pero su intención es hacerlo en los próximos días, toda vez que el plazo para que el holding industrial de La Caixa, máximo accionista de Abertis con el 22,3 por ciento, se pronuncie sobre la oferta de la italiana termina el próximo 15 de junio.
Abertis es el accionista mayoritario de Hispasat, el operador de satélites español, con el 90,7 por ciento del capital. Mientras, el Estado español tiene un paquete del 9,26 por ciento del capital, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 7,41 por ciento, y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con un 1,85 por ciento. Ahora bien, por su carácter estratégico, el Gobierno tiene derecho de veto ante cualquier cambio accionarial en el operador de satélites español, lo que ocurriría con la compra de Abertis por Atlantia. La compañía transalpina es flexible respecto a la posibilidad de traspasar su participación o ceder derechos, y así se lo transmitirá su consejero delegado al Gobierno español.
El Ejecutivo, por su parte, no ha adoptado una postura oficial clara sobre la operación. "Por encima de cualquier otra cosa, y con estricto cumplimiento de la legalidad, tenemos claro que hay que defender el interés general del país", ha insistido esta semana el ministro de Fomento Íñigo de la Serna.
Sin embargo, fuera de micrófono distintos miembros del Gobierno sí admiten las reticencias que genera este proceso. Máxime si se tiene en cuenta que en el año 2006 el Estado italiano vetó la operación contraria: la compra de Atlantia por Abertis. Ahora bien, tal y como se encargó de recordar De la Serna esta semana en el Senado, aquella operación se vio frustrada en virtud de una ley de Italia que "prohibía que se produjera una transmisión" de las concesiones de autopistas "a una sociedad participada por empresas constructoras", como ocurría entonces con Abertis, cuando ACS era uno de sus principales inversores. "No es el caso", precisó el ministro de Fomento.
Precisamente, las autopistas de peaje que gestiona Abertis es el otro punto espinoso sobre el que el Gobierno ya ha dicho que tendrá que pronunciarse y aprobar la operación. "Necesitaría también la autorización del Consejo de Ministros en virtud del artículo 31 de la ley de autopistas y conforme a la doctrina consolidada del Consejo de Estado", abundó De la Serna. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que la compra de Abertis por Atlantia no cambia la estructura accionarial de las concesionarias, por lo que no requeriría la aprobación de la Administración.
Todas estas aristas tendrán que tratarse en los próximos meses. Los plazos que se manejan es que el folleto sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el próximo mes de septiembre.
