El auto del juez Fernando Andreu, en el que da carpetazo a la instrucción del caso Bankia y propone la apertura del juicio oral, relata las irregularidades que, según él, cometieron los máximos responsables de la entidad, consejeros y directivos, para que pudiera salir a bolsa a mediados de 2011 y poder permanecer, así, en sus puestos. l El auto completo que cierra la investigación
El magistrado hace suyos algunos de los argumentos esgrimidos por los peritos judiciales, entre los que destacan algunas ilegalidades para evitar pérdidas y poder así continuar con el proyecto de colocación en el parqué. En este sentido, cobra especial relevancia la liberación de provisiones para activos inmobiliarios y créditos deteriorados que no contabilizó contra los resultados en el primer trimestre de 2011 por importe de 1.385 millones de euros, recursos que sirvieron para sufragar el coste de las prejubilaciones pactadas con los sindicatos en el ajuste de 3.800 trabajadores tras la integración de las siete cajas que formaron el grupo.
"Si Bankia hubiera registrado los costes de reestructuración (...), ya que no lo hicieron ni las cajas ni BFA, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, hubiera contabilizado significativas pérdidas antes de impuestos, de 1.314 millones de euros", sostiene el magistrado en el auto, en el que añade que "todo ello constituiría una grave inexactitud incluida en el folleto de salida a bolsa".
El equipo directivo tenía que haber contabilizado la factura de los despidos de personal contra los resultados de BFA y no contra el patrimonio de las siete cajas, como se hizo. Este error lo podía haber rectificado con la constitución de Bankia, meses después, pero no se corrigió, ya que se iba a hacer cargo de la totalidad de los empleados.
Conocido por todos
Esta inexactitud habría sido conocida no solo por los altos ejecutivos del grupo, sino por el consejo de administración, por los auditores y por la comisión de seguimiento de la inspección del Banco de España.
Esta irregularidad se cometió, en principio, según sospecha el juez y han denunciado los peritos, para evitar que el grupo naciera con pérdidas. Cabe recordar que BFA se constituyó con unas ayudas públicas de 4.650 millones, importe que ascendió a casi 22.500 millones tras la nacionalización de 2012.
Para impedir que las cajas de ahorros tuvieran un agujero importante, se decidió compensar esta partida en los resultados con la liberación de provisiones para créditos morosos y activos improductivos. En concreto, según cifran los peritos, los números rojos conjuntos de Caja Madrid, Bancaja, Caja Rioja, Caja Insular, Caja Ávila, Caja Segovia y Caixa Laietana tenían que haber sido de 1.091 millones. La mayor parte correspondía a las dos primeras, con 501 millones y 392 millones, respectivamente.
Los peritos sostienen que esta liberación de dotaciones no tenía sentido "ni justificación" en dicho momento de crisis económica y desplome del sector inmobiliario.
La entidad, con posterioridad, cambió la anotación de los costes de reestructuración de la plantilla comprometida con el Gobierno por las ayudas públicas. Los registró contra el patrimonio de las cajas en contra de la regulación. En concreto, incumple la circular 4/2004 del Banco de España y las normas internacionales de contabilidad.
Luz verde de Deloitte
Toda esta sucesión de errores o irregularidades, según recoge el auto y denuncian los peritos Busquets y Sánchez Nogueras, no fue advertida en ningún momento por la auditora Deloitte.
BFA-Bankia se vio obligada a recortar un 15% su plantilla a principios de 2011 como consecuencia de la fusión. La finalidad de dicho ajuste era conseguir ahorro de costes y sinergias operativas. La integración de las siete cajas, además, supuso la duplicidad importante de red en algunas regiones, entre ellas Madrid y la Comunidad Valenciana. En 2012 y 2013, el grupo recortó en otros 6.000 el números de empleados como consecuencia del rescate y posterior saneamiento. En la actualidad, cuenta con algo más de 14.000 trabajadores.
